A las puertas de elecciones parlamentarias y de gobernadores, en Venezuela las opciones son o validar a la dictadura de Nicolás Maduro participando, o no gozar ni siquiera de ese resquicio cívico. En medio, la sociedad llanera no cuenta con nada, así de tensa y polarizada la situación, marcada por una crisis política, económica y social que se ha agudizado desde las elecciones presidenciales de julio del año pasado.
Nicolás Maduro inició su tercer mandato pese a que la oposición y varios gobiernos internacionales lo acusan de fraude. Casi un año después, el Consejo Nacional Electoral no ha publicado las actas de escrutinio, incumpliendo requisitos legales, lo que ha reforzado las acusaciones de falta de transparencia. De no ser por el apoyo de las Fuerzas Armadas y de un sistema represivo para mantenerse en el poder, poco menos que un estado policial, su continuidad en la silla sería imposible.
Se llegó tan lejos en ese rasgo autoritario y represivo que desde las elecciones, más de 1 mil 600 personas fueron encarceladas por motivos políticos, y proliferaron las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y restricciones al espacio cívico. Human Rights Watch y la Organización de las Naciones Unidas etiquetan la vida en Venezuela como una de miedo generalizado, y la criminalización de la sociedad civil y de los medios de comunicación fue apenas la antesala de la destrucción final de la democracia y del republicanismo a través de la inminente ley «contra el fascismo» que proscribirá partidos políticos, poco menos que la satanización del pensamiento crítico y disidente.
Acaso sea demasiado tarde para que esa nación se reencuentre e idee una salida pacífica a ese conflicto, orquestado y administrado de manera metódica por un régimen que carcomió el Estado de derecho desde el seno mismo de la institucionalidad. Muchos analistas sostienen con decepción que Venezuela se quedó sola y que por más que los Estados Unidos de América, la Unión Europea y varios países latinoamericanos subrayen la ilegitimidad de Maduro y hayan sancionado a diferentes funcionarios del régimen, sólo una acción internacional coordinada aumentaría las posibilidades de cambio.
Venezuela es un doloroso ejemplo del daño que la concentración de poder, el debilitamiento de instituciones democráticas, el uso indiscriminado de las medidas populistas y la represión del libre pensamiento pueden infligir a una nación. Son rasgos que muchos gobiernos en la región exhiben con cada vez más virulencia y en un momento en el que la inercia internacional emanada en buena medida desde el norte del continente es más proclive a la erosión democrática que a su reconstrucción.
Si las sociedades no defienden el espacio cívico, si no son creativas para manifestar su agenda y organizarse a través de nuevos canales e instrumentos, si la ciudadanía pierde el interés por la discusión pública y cede la iniciativa a la política tradicional, a las élites que cada cierto tiempo renuevan el contenido de la vieja estructura que defiende sus prerrogativas, llegará el día en que su única decisión sea la de participar o no de la rutina electoral, desprovista ya de significado porque el poder soberano le habrá sido arrebatado.
