Ciudad de México. /
Las redes sociales y plataformas digitales se han convertido en uno de los principales escaparates del tráfico ilegal de flora y fauna silvestre en México.
Aunque este delito conlleva sanciones penales y administrativas, los responsables aprovechan el anonimato, la falta de regulación digital y el uso de lenguajes codificados para ofrecer desde aves exóticas hasta pieles de jaguar. Ante esta problemática, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) publicó una guía ciudadana para detectar y reportar estas prácticas, pero el desafío sigue creciendo.
Un delito que se mueve por inbox
El documento de Profepa advierte que este tipo de comercio suele ocurrir en grupos cerrados de Facebook o cadenas de WhatsApp, donde las publicaciones presentan imágenes de animales vivos o sus partes —colas, garras, plumas, pieles— sin mayor contexto, y con frases genéricas como “entrega inmediata”, “respondo por inbox” o “solo interesados”.
También es común que los traficantes usen palabras clave como “zoo”, “exóticos”, “linaje cerrado” o “no es gato / no es perro”, y que hagan aparentes esfuerzos por aparentar legalidad con frases como “con papeles” o “legalizado”. La guía advierte que muchas veces incluso entregan documentos como “notas de remisión”, pero estos no tienen validez legal si no están respaldados por la Ley General de Vida Silvestre.
La guía enumera claramente qué animales o productos se deben reportar:
- Ejemplares de fauna silvestre como loros, pericos, guacamayas, monos, felinos o cocodrilos.
- Flora silvestre incluida en la NOM-059-SEMARNAT-2010, como orquídeas, pata de elefante o peyote.
- Partes y derivados, ya sean productos no transformados (como carne, astas o pieles) o subproductos (como accesorios o calzado).
- Animales taxidermizados o congelados.
- Ejemplares con trato indigno o en condiciones de maltrato.
Especial atención merecen las especies cuya venta está totalmente prohibida, como los mamíferos marinos, tortugas marinas, psitácidos y primates de distribución nacional, cuyo comercio representa una infracción grave según el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre.
Cabe mencionar que según el estudio “Investigaciones multilingües y multiplataforma sobre el comercio en línea de partes de jaguar”, en 2022, México fue el país con más publicaciones vendiendo jaguares o sus partes con un 23%, seguido de Brasil (21,8%), Vietnam (16,7%) y Bolivia (12,4%).
Cómo detectarlo y qué hacer
La guía instruye que, si una persona se topa con una publicación sospechosa, debe reunir:
- Captura de pantalla o enlace directo.
- Nombre o usuario del vendedor.
- Fecha y red social.
- Breve descripción del contenido.
La denuncia puede hacerse directamente a Profeepa a través de su portal web, correo electrónico o incluso sus redes sociales. Se subraya que la denuncia es anónima y se maneja con confidencialidad.
¿Y el seguimiento?
Aunque el documento deja claro el procedimiento para que la ciudadanía pueda reportar estos delitos, pero no detalla qué ocurre después, ni cuántos casos han sido sancionados. En contraste, el Centro para la Diversidad Biológica encontró que entre 2015 y 2022 se aseguraron 127 mil ejemplares silvestres en México, pero se desconoce el destino del 97 por ciento de ellos, lo que equivale a al menos 123 mil 290 animales. Además, en al menos 487 casos, los ejemplares fueron dejados en el mismo sitio donde fueron asegurados, bajo custodia de sus propios dueños, quienes estaban señalados como presuntos responsables de delitos ambientales.
Falta de control digital
La Profepa mantiene acuerdos con algunas plataformas como Mercado Libre, pero el tráfico continúa en redes sociales privadas o en perfiles falsos difíciles de rastrear. A esto se suma que muchas entidades federales carecen de personal capacitado para monitorear internet o iniciar procesos legales contra los infractores.
Por eso, la guía de Profepa es un esfuerzo importante por empoderar a la ciudadanía, pero el combate efectivo al tráfico de especies requiere más: aumentar el personal especializado, agilizar los procesos judiciales, generar campañas masivas de concientización y, sobre todo, reforzar la cooperación con las plataformas digitales para desactivar redes delictivas.
El tráfico de vida silvestre no es solo una amenaza para los animales. También lo es para los ecosistemas, para la salud pública (al fomentar zoonosis) y para la legalidad ambiental. Como sociedad, denunciar es un primer paso. Pero corresponde a las autoridades garantizar que detrás de cada reporte haya acciones concretas.
KT
