Las noticias sobre actividades económicas que presuntamente transgreden nuestra copiosa normativa ambiental han sido recurrentes en los últimos meses. Tal es el caso de Gandoca- Manzanillo, el humedal en playa Sámara y, más recientemente, acciones constructivas en el Corredor Biológico Paso de la Danta.
Sin embargo, deben ser los tribunales de Justicia, en sede penal, contenciosa o constitucional, los que determinen en qué medida se ha violentado la legislación tutelar del medio y se ha afectado o puesto en peligro el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como lo contemplan el artículo 50 de la Constitución y las responsabilidades administrativas, civiles y penales.
Sin embargo, estas y muchas otras denuncias que el Estado recibe y tramita deben llamarnos la atención sobre la importancia de contar con un marco de fiscalización ambiental suficientemente robusto, eficaz y eficiente para atender tales casos.
Un sistema eficaz y eficiente de fiscalización requiere del funcionamiento pleno de tres componentes:
- Un buen diseño de las normas. Que estas sean claras y bien estructuradas, y que respondan a las necesidades y realidades ambientales y socioeconómicas.
- Un control preventivo adecuado mediante el sometimiento de las actividades productivas y domésticas a permisos, autorizaciones, licencias y concesiones que previamente faculten a las entidades a determinar la legalidad y sostenibilidad de estas. Estas entidades deben contar con el suficiente personal capacitado, recursos financieros, técnicos y potestades jurídicas para valorar, otorgar o denegar las licencias y permisos, y generar mecanismos de control y seguimiento. No puede ser que dichas instancias se basen solo en denuncias de terceros; deben guiarse por un plan de aplicación y cumplimiento de la ley que lleve a identificar posibles desviaciones de lo dispuesto en la normativa.
- Mecanismos de acceso a la justicia y procedimientos para atender y resolver denuncias ambientales o para actuar de oficio, de manera que la infracción a la legislación cese, se restablezca su observancia y se reparen, restauren o indemnicen los daños ocasionados. Es imprescindible que existan medidas cautelares que las entidades puedan tomar a diferentes niveles para detener cualquier potencial vulneración de los recursos naturales, máxime que muchos de estos daños son de carácter irreversible. En varios de los casos citados al inicio de este artículo, es posible visibilizar la relevancia de las potestades de las autoridades para detener posibles impactos en curso. Después, estos procesos ambientales deberían hacer factible que se restituya el estado del ambiente (objetivo prioritario) o se definan indemnizaciones por el daño ambiental causado. Afortunadamente, en Costa Rica el artículo 50 y la jurisprudencia constitucional (desde el voto N.° 3705-93) nos legitima a todos para denunciar las infracciones a la normativa ambiental, sin que sea necesario probar que se produciría una afectación directa a la propiedad u otros derechos individuales.
Necesidad crítica
La legislación ambiental y su correcta fiscalización resultan críticas para afrontar los retos ambientales que afronta hoy el país. La información existente, sin embargo, muestra una brecha entre el crecimiento de la primera y las dificultades para lograr que despliegue su efectividad (es decir, que los efectos buscados con las normas se traduzcan en cambios en el estado del ambiente, la salud y el bienestar de los ciudadanos).
Si bien hay esfuerzos para mejorar el sistema de trámite de denuncias y la coordinación interinstitucional entre entidades, aún se encuentran obstáculos para alcanzar y consolidar un sistema nacional de control y cumplimiento ambiental de mayor alcance.
jorgecmedaglia@hotmail.com
Jorge Cabrera Medaglia es abogado ambientalista y profesor de Derecho Ambiental en la Universidad de Costa Rica (UCR).
