Los diputados aprobaron este jueves una moción con la que acordaron reconocer el cartel de los Soles como una organización terrorista que amenaza la seguridad nacional de Costa Rica y la estabilidad democrática de la región.
Se trata de una moción promovida por Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR), primera moción de este tipo impulsada por esa fracción y la primera que aprueba la actual Asamblea, calificando como terrorista a una organización criminal de otro país.
El pronunciamiento, de tres páginas, tuvo el apoyo de 33 legisladores de cinco fracciones legislativas y congresistas independientes, mientras que los seis integrantes del Frente Amplio (FA) rechazaron el pronunciamiento y apoyaron uno propio.
La iniciativa de Fabricio Alvarado hace eco de las órdenes ejecutivas de Donald Trump, que a finales de julio declaró que el denominado cartel de los Soles es un grupo terrorista liderado por Nicolás Maduro y otros dirigentes del gobierno venezolano.
La moción de Nueva República deriva del comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos donde se dice que esa organización “provee apoyo material a organizaciones terroristas amenazando la paz y la seguridad” de ese país, como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa.
Trump además ordenó un despliegue militar de ocho buques de guerra, aviones de vigilancia militares P-8 y un submarino de ataque, lo que incluye 4.500 marineros y 2.200 infantes de marina.
El texto aprobado por 33 legisladores manifiesta su apoyo a ese despliegue militar del gobierno de Donald Trump, “para impedir las operaciones del cartel de los Soles”.
La moción también exhorta al Poder Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Seguridad Pública, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), el Ministerio Público y las superintendencias financieras identifiquen, investiguen y persigan cualquier actividad o vínculo de ese cartel en Costa Rica.
También exhorta a fortalecer la cooperación internacional con países aliados y organismos multilaterales “para combatir eficazmente las operaciones trasnacionales de esta organización”.
En el último párrafo, la moción habla de extender la misma categorización, desde Costa Rica, a organizaciones como el Tren de Aragua, el clan del Golfo y los carteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa.
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Por su negativa a votar esa moción, Alvarado acusó a los frenteamplistas de ser aliados del gobierno de Nicolás Maduro y del régimen de Daniel Ortega, en Nicaragua.
Moción del FA también fue aprobada
La jefa del FA, Rocío Alfaro, y el diputado Jonathan Acuña rechazaron la acusación de Alvarado y argumentaron que no podían votar a favor del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, ni estar a favor de una eventual invasión a Venezuela, como la sucedida en 1989, en Panamá.
Alfaro enfatizó que, en esa invasión relámpago, resultaron muertos cientos de civiles, y barrios como el del Chorrillo fueron completamente borrados por el bombardeo militar.
En lugar de la moción fabricista, el FA impulsó un pronunciamiento donde se reafirma el compromiso de Costa Rica con la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico mediante mecanismos de cooperación entre los países de la región latinoamericana, y “bajo estricto mandato del derecho internacional”.
Esa segunda moción también fue aprobada, con una ajustada votación de 24 votos a favor y 16 en contra. A favor estuvieron Liberación Nacional, Frente Amplio, una diputada de Progreso Social Democrático (PPSD) y varios independientes.
En tanto, los votos en contra fueron de Nueva República, la Unidad Social Cristiana (PUSC), el Partido Liberal Progresista (PLP) y los diputados chavistas del PPSD.
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“Mantener una estricta colaboración entre los tres poderes de la República de Costa Rica y demás instituciones, para seguir combatiendo de forma frontal e integral la influencia del cartel de Sinaloa, cartel de Jalisco Nueva Generación, del cartel Atlántico de Honduras y del cartel de los Soles, en la región y en Costa Rica”, dice la moción aprobada.
Ese texto también exhorta a la comunidad internacional a respetar el Tratado de proscripción de las armas nucleares en América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco) y la Proclamación de América Latina y el Caribe como zona de paz de la Celac. De hecho, los frenteamplistas alegaron que el submarino desplegado por Estados Unidos en aguas caribeñas es nuclear.
