Por extradición se entiende toda entrega que un Estado soberano efectúa a otro, previa solicitud de este último, de una persona que se encuentre en el Estado requerido, para que pueda ser juzgada o para que, habiendo ya sido declarada culpable dentro del territorio del Estado requirente, se le haga cumplir la pena impuesta (García Barroso, El procedimiento de extradición).
La extradición puede ser activa o pasiva, desde la óptica del Estado que pide o que recibe el pedido. Se distingue también la extradición “simplificada o abreviada”, en la que el reclamado acepta, ante el juez rogado y en presencia de su defensor, su entrega inmediata al Estado reclamante.
La figura de la extradición está sujeta a principios generales como la preferencia de las normas convencionales sobre las nacionales; la obligación internacional de conceder la extradición cuando se cumplen los requisitos; el principio de legalidad que establece que son objeto de extradición las personas que cometieron delitos con una pena generalmente fijada en dos años como mínimo; y el principio de jurisdicción internacional, que se basa en la capacidad jurídica de cualquier Estado para juzgar a personas por crímenes cometidos fuera de su propio territorio.
En cuanto a la regulación del instituto de la extradición, existen tratados multilaterales, binacionales, así como la normativa nacional de los Estados.
En América Latina se viene incrementado el uso de la extradición de personas vinculadas a distintos delitos de crimen organizado transnacional; destacan tres categorías de actores criminales.
En primera instancia, los capos que crearon estructuras criminales; por ejemplo, en México, Rafael Caro Quintero, Joaquín Guzmán Loera (el Chapo) e Ismael Zambada García (el Mayo). Un segundo grupo, conformado por personas que son operadores logísticos de las actividades de los grupos criminales, son enlaces, trabajan en los laboratorios, en lavado de activos, etc. Un tercer grupo de alto impacto social y político lo integran funcionarios públicos que han caído en las redes de la criminalidad organizada y cuya actuación está siendo hoy una de las mayores amenazas que se ciernen sobre la democracia y el Estado de derecho. Tal circunstancia es congruente con el incremento exacerbado de la criminalidad transnacional en la actualidad, en particular del narcotráfico hacia los Estados Unidos.
Un factor que también resulta determinante para que se soliciten más extradiciones hacia los EE. UU. es la incapacidad y debilidad de los sistemas de justicia de los países capturados por la corrupción, lo que genera impunidad; por ejemplo, en Honduras y Guatemala, que en su momento recurrieron a mecanismos internacionales como la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH, de la OEA), de la que formé parte como funcionaria internacional; o la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Finalmente, ambas fueron expulsadas, por la presión de los pactos de corruptos locales.
Algunos casos de políticos de alto rango
Son ejemplarizantes los casos del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, en México, uno de los principales responsables de la “guerra contra el narco” durante el gobierno de Felipe Calderón, la cual dejó más de 250.000 muertos en seis años. Expertos califican de fallida dicha estrategia. En el 2024, García Luna fue condenado en Nueva York a 38 años de cárcel, culpable de todos los cargos por ayudar durante una década al cartel de Sinaloa, a cambio de millones de dólares en sobornos.
Por otra parte, el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (JOH) y su hermano Tony, exdiputado, fueron condenados, también en Nueva York: el segundo, a cadena perpetua; JOH, a 45 años de prisión. Según la acusación, JOH abusó de su posición como presidente de Honduras con el fin de enriquecerse y de forma corrupta alcanzar y mantenerse en el poder.
En privado, JOH presuntamente hablaba de “meter la droga en las narices de los gringos”; en público, se jactaba de la cooperación con EE. UU. en el combate al narcotráfico. En el 2018, Donald Trump lo recibió en la Casa Blanca y lo felicitó por su “extraordinario” trabajo contra la narcoactividad, mientras los fiscales avanzaban en su investigación y esperaban el momento para extraditarlo, lo que ocurrió en el 2022, tres semanas después de dejar la presidencia.
Otro caso notable es el de Hugo Carvajal (el Pollo Carvajal), quien fuera jefe de la Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela con Chávez y Maduro. En el 2019 fue detenido en España y extraditado a Nueva York, donde se declaró culpable de los delitos de narcotráfico y narcoterrorismo; recibirá su sentencia el próximo mes de octubre. Según los fiscales, lideraba el cartel de los Soles, que facilitaba el envío de toneladas de droga a EE. UU., en colaboración con las FARC de Colombia.
La detención de Celso Gamboa es una muestra más de la relevancia de la cooperación penal internacional entre los Estados para un combate efectivo del flagelo del narcotráfico y la criminalidad. Esto permitirá a la ciudadanía, además, tomar conciencia sobre el significado del pacto social, la democracia y los deberes del Estado con respecto a sus ciudadanos, así como de la penetración de las redes criminales y la captura del Estado. Como señaló la Cicig en su informe final, es posible hacer justicia, y la ley debe aplicarse a todos por igual para que no haya intocables.
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Cecilia Cortés es politóloga e internacionalista.
