Globalvia, concesionaria de la ruta 27 (San José-Caldera), presentó un arbitraje contra el Estado de Costa Rica.
Reclama el pago de $18 millones correspondientes al costo del viaducto que se construyó en el kilómetro 44 de la carretera, para solventar un hundimiento de gran magnitud que afectó el tránsito entre el 2022 y el 2023.
Concesionaria de la ruta 27 demanda al Estado
En octubre del 2023, cuando se puso en servicio la estructura de 145 metros, el entonces jerarca de Obras Públicas, Luis Amador, aseguró que la empresa había ejecutado la solución “en cumplimiento de sus obligaciones contractuales”.
“Las obras no implican ningún costo adicional para los usuarios de esta carretera. Son obras que vienen como parte del contrato de la concesionaria y que benefician a los usuarios que transitan por acá”, aseguró en esa ocasión Amador, frente a los representantes de la empresa y la Embajada de España.
Sin embargo, Globalvia (antes Autopistas del Sol) acudió al Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (CICA), pues considera que el costo de esa obra corresponde a un riesgo que debe asumir el Estado.
Así lo confirmó la actual secretaria técnica del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), Paula Reyes, quien explicó que la posición oficial sigue siendo que la empresa debía pagar el costo del puente, pues los términos del contrato estipulan que el diseño, construcción, operación y mantenimiento debe ser asumido por la empresa.
El gobierno encomendó a la Procuraduría General de la República (PGR) la defensa del Estado en este caso.
El viaducto de tres carriles tuvo un costo de $15 millones, según anunciaron la empresa y autoridades cuando fue habilitado; sin embargo, el reclamo presentado por la concesionaria asciende a $18 millones.
La obra se desarrolló como solución a un hundimiento que persistía en ese punto desde que la vía fue puesta en servicio y que se venía agravando en los últimos años.
Previamente, la empresa había realizado intervenciones como anclajes y una pantalla de pilotes para tratar de detener el movimiento del talud, pero estas resultaron insuficientes.
Un informe del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), emitido en setiembre del 2022, concluyó que el problema en ese punto se originó porque, para construir la vía, se colocó un relleno en el hundimiento, el cual comenzó a deslizarse.
Lo hizo bajo protesta
José Manuel Saénz, quien estuvo al frente del CNC entre julio del 2019 y mayo del 2022, recordó que, cuando se planteó la construcción del viaducto como solución definitiva al problema del hundimiento, la posición del Consejo siempre fue que el riesgo debería ser asumido por el concesionario.
“Ese era el problema más grande por el cual no querían empezar y me tocó decirles: ‘Usted haga lo que tenga que hacer. Usted tiene todo el derecho de plantear un reclamo o lo que quiera hacer; pero lo cierto es que tienen que actuar, porque si no actúa, entonces eso sí puede ser una causal para terminar con la concesión’”, recordó el ingeniero.
Saénz señaló que la empresa resolvió entonces hacer el viaducto “bajo protesta”, reservándose el derecho de presentar un arbitraje posterior.
Aseguró que incluso en su momento se cuestionó por qué la concesionaria sí invirtió alrededor de $5 millones en obras de estabilización, que no funcionaron para contener el deslizamiento, asumiendo los costos del mismo riesgo señalado.
Dicha posición también consta en el informe final de labores presentado por el exsecretario técnico al finalizar el gobierno anterior.
En ese documento se detalla que un sismo de mediana intensidad que se produjo en agosto del 2020 y un aumento en el flujo de agua produjeron un hundimiento considerable (mayor de 40 cm) que debió ser reparado por Globalvia para garantizar el paso seguro del tránsito.
Debido a ese evento, el concesionario decidió ampliar los estudios geotécnicos y descubrió una segunda falla a 55 m de profundidad.
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“Con el resultado de esos estudios adicionales el concesionario aduce que se trata de un caso de “Fuerza Mayor Sobreviniente” y que, por lo tanto, el costo de las obras de mitigación debería correr por cuenta del Estado costarricense.
“Ante esa situación, la postura de la Secretaría Técnica y del CNC ha sido siempre de que el concesionario no logra demostrar que un sismo de mediana magnitud sea “per se” el causante de producir el hundimiento, que la razón del hundimiento siempre ha estado presente y se debe a los estratos que se deslizan con el aumento del flujo de agua en el pico de la estación lluviosa, aspecto cuyo origen es geológico y, por lo tanto, debe ser atendido por la concesionaria, ya que el riesgo geológico es del concesionario”, cita el informe.
Adicionalmente, se explica que el contrato de concesión de la ruta 27 es específico en cuanto a los riesgos que asume el Estado y que también estipula que el riesgo geológico recae en el concesionario como parte de los riesgos de diseño y construcción.
Finalmente, ante el riesgo de que se produjera un evento mayor que interrumpiera el paso, y bajo las condiciones explicadas por Saénz, la empresa entregó en febrero del 2022 un anteproyecto para la construcción del viaducto que se habilitó año y medio después.
La Nación consultó a la empresa sobre las motivaciones que llevaron a presentar el arbitraje y si el gobierno en algún momento dejó claro que el costo de la obra sería asumido por la constructora, pero no se obtuvo respuesta al cierre de esta información.
Esta no sería la primera vez que Globalvia acude a un arbitraje en contra del Estado costarricense.
Ya en 2012 había presentado una demanda por $90 millones, cuando pidió la actualización de los montos del contrato por las obras que hizo en la ruta de 76,7 km.
La firma española pidió, en ese momento, la apertura de un proceso en el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (CICA). Sin embargo, en el 2014 se anunció que el gobierno había llegado a un acuerdo con la compañía para pagarle $44 millones y así evitar el arbitraje por el reajuste de costos.
En esa oportunidad, las autoridades habían indicado que ese monto se pagaría “en cuotas” hasta el concluir el plazo de la concesión y que no representaría aumentos representativos en las tarifas de peaje.
En paralelo al reclamo actual, el Ejecutivo anunció en abril anterior la intención de cobrar a la empresa más de 500 multas, correspondientes al periodo entre el 2018 y 2023, y que ascenderían a los ¢33.000 millones.
Mientras tanto, las negociaciones para ampliar la ruta entre San José y puerto Caldera se mantienen estancadas, a la espera de que una firma externa valide los costos de las obras estimados por la concesionaria.
