Washington D.C. – La versión más reciente del proyecto de reconciliación fiscal que la mayoría republicana del Senado se propone llevar a votación incluye hacer permanente, a partir de enero próximo, el aumento en el reembolso por arbitrio federal al ron que se importa desde Puerto Rico y las Islas Vírgenes, que le puede representar al gobierno boricua cerca de $60 millones anuales adicionales.
La legislación –que incluye principalmente el plan de recortes presupuestarios, asignaciones en el área de seguridad y alivios contributivos del presidente Donald Trump– ya había propuesto limitar el acceso de Puerto Rico al programa de Zonas de Oportunidad y hacer cambios en el impuesto federal que pagan las Corporaciones de Control Foráneo (CFC) que hacen negocios en el archipiélago y otras jurisdicciones.
Los republicanos intentan aprobar ese proyecto este fin de semana en el Senado, para que pueda regresar y ser ratificada en la Cámara baja federal antes del 4 de julio, como reclama Trump. La primera votación clave, para abrir el debate en el Senado, puede ocurrir en la tarde de este sábado.
La versión aprobada en la Cámara de Representantes elevaría la deuda federal estadounidense, durante la próxima década, en $2.8 billones (“trillions”, en inglés), a causa de la extensión o permanencia de los alivios tributarios de la reforma contributiva de 2017, que costarían cerca de $4 billones.
El senador republicano Bill Cassidy (Luisiana) –con el respaldo de sus colegas demócratas Kristen Gillibrand (Nueva York) y Ben Luján (Nuevo México), y el republicano Roger Wicker (Misisipi)– había presentado legislación para hacer permanente el reembolso, pero retroactivo a enero de 2022.
La versión que iría a votación en el Senado sostiene que, a partir de enero de 2026, el reembolso por el arbitrio federal al ron importado de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses aumentará permanentemente de $10.50 a $13.25 por galón.
En esta sesión, la gobernadora Jenniffer González y el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, habían abogado por el proyecto de ley cameral del republicano Ron Estes (Kansas) y la delegada de las Islas Vírgenes, Stacey Plaskett, que impulsa elevar el reembolso por el arbitrio federal durante una década, retroactivo a enero de 2022.
“Por años, he abogado por hacer permanente este aumento desde mi tiempo como comisionada residente y copresidenta del Caucus del Ron. Con el lenguaje incluido en el proyecto de reconciliación, lograríamos esta meta, garantizándole a Puerto Rico acceso estable a una importante fuente de financiamiento para la prestación de servicios críticos”, indicó González, en un comunicado en el que agradeció las gestiones de Cassidy y el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Mike Crapo.
Según el plan presupuestario de Trump, sin contar con el aumento que ahora se intenta legislar, Puerto Rico pudiera recibir un reembolso por el arbitrio al ron de cerca de $410 millones. Cerca de un 40% de esos fondos van a manos de las empresas productoras de ron.
El aumento en el reembolso por el arbitrio al ron no estuvo en la versión del proyecto de reconciliación fiscal que fue aprobado por la Cámara de Representantes el 22 de mayo.
El proyecto divulgado el viernes en la noche por el presidente del Comité de Presupuesto del Senado, el republicano Lindsey Graham (Carolina del Sur), mantiene los cambios para Puerto Rico en el programa de Zonas de Oportunidad.
El lenguaje obligaría al gobierno de Puerto Rico –que no ha objetado el cambio– a seguir, a partir de enero de 2027, el proceso regular de solicitud de incluir una jurisdicción como Zona de Oportunidad para nuevas inversiones.
En este momento, un 98% del archipiélago es considerado una Zona de Oportunidad, pero ese marco quedaría reducido a un máximo de 25% para los que inviertan a través de ese programa.
Por medio del programa Zonas de Oportunidad –creado en Estados Unidos mediante la reforma contributiva federal de diciembre de 2017 y, en Puerto Rico, por medio de la Ley 60 de 2019–, un inversionista puede aplazar y reducir el pago de impuestos si invierte o inyecta capital en jurisdicciones que han sido catalogadas por el Censo federal como áreas económicamente “deprimidas”.
La legislación del Senado también mantiene los cambios propuestos en lo que se ha conocido como el impuesto sobre la propiedad intelectual (GILTI, en inglés), que aumentaría permanentemente de 10.5% a alrededor de 14% el pago federal que hacen las CFC, que son pieza clave en la industria manufacturera de Puerto Rico. La versión de la Cámara baja dejaría, permanentemente, el GILTI en su porcentaje actual de 10.5%.
