- En 2017, Sandoval viajó a Brasil y firmó cuatro acuerdos de colaboración eficaz con ejecutivos de Odebrecht y la propia empresa, homologados por la justicia, que permitieron revelar sobornos por USD 17.9 millones a políticos y funcionarios guatemaltecos
- Estos acuerdos no fueron improvisados: fueron autorizados judicialmente y realizados en presencia del Ministerio Público y la CICIG.
Criminalización vs. responsabilidad
- Argumenta que su actual procesamiento es una “criminalización”, pero no cuestiona sus propias acciones como firmante de acuerdos: ¿esconde Sandoval su rol activo denunciando corrupción?
- Detrás de sus señalamientos no hay una postura de limpieza, sino un intento por volver invisibles los compromisos —los mismos que generaron críticas por supuesta falta de representación del Estado y exceso de discreción.
Disonancia entre victimismo y hechos
- Sandoval ha señalado que es víctima de “órdenes de captura” diseñadas por Consuelo Porras para proteger a corruptos.
- Sin embargo, las órdenes de detención están vinculadas directamente a esos mismos acuerdos de Odebrecht, que ahora se tildan de “fraudulentos” o “ilegales” —tras ser anulados por irregularidades en quién los suscribió y cómo fueron firmados.
La estrategia defensiva de Sandoval
- Victimización pública: se declara perseguido sin negar que haya participado en los actos cuestionados.
- Silencio sobre las críticas a sus convenios: no explica por qué se firmaron sin representación estatal adecuada o bajo modalidades que ahora el MP rechaza.
- Desvío del debate: en lugar de asumir responsabilidad, acusa al sistema judicial de arbitrariedad, sin responder por sus actos.
Veredicto
Sandoval pretende presentarse como blanco de persecución, pero en realidad sus propios actos –la firma de acuerdos controvertidos con Odebrecht– explican por qué está siendo investigado. No hay causal ni evidencia de que sea ajusticiamiento político; lo que hay son consecuencias legales derivadas de hechos jurídicamente reprochables.
