Este es un fenómeno natural que consiste en la inflamación de los gases de la descomposición orgánica que producen llamas pequeñas. Suele ocurrir en pantanos y cementerios. Pero en Panamá esa rareza también es visible en la Contraloría, en la Asamblea, en el Ejecutivo y hasta en la Corte Suprema, por lo que deduzco que en nuestro servicio público también florecen pantanos y cementerios.
La Contraloría, por ejemplo, cauteló tres finquitas a Gaby Carrizo, por supuesto enriquecimiento injustificado, pero creo que el tipo todavía debe estar bailando y festejando el pase de Panamá al Mundial, porque tal acción ni cosquillas le hace, ni siquiera a su prestigio, porque para perderlo, primero hay que tenerlo. Antes, Martinelli nos sacó la lengua, con la aquiescencia del Ejecutivo, que hasta salvoconducto le dio para parrandear en Colombia. Y ahora dice el presidente Mulino que presentará una ley antimafia. Él, que liberó a un mafioso. No sé para qué, si como vemos, las mafias mejor organizadas –y mejor protegidas– operan desde dentro de los propios gobiernos.
Y eso lo debería saber muy bien Mulino, porque en eso resultó el gobierno al que perteneció. ¿Por qué no presenta una ley para combatir el crimen organizado en los gobiernos? Pero, pensándolo mejor, eso también sería fuego fatuo, después de ver al Don Juan Martinelli convertirse en Colombia en la nueva versión de Hugh Hefner, o de ver cómo el Órgano Judicial, tras condenar a cinco años de prisión al ex representante de Calidonia Ramón Ashley –por un peculado de más de $500 mil–, lo manda a hacer dizque trabajo comunitario en lugar de meterlo a la cárcel.
El caso Odebrecht se pospuso otra vez: no pueden notificar del juicio al delincuente Martinelli, a quien todo el mundo visita, pero el Judicial no pasa del muelle donde ancla su lujoso yate. Es que ni siquiera le han cobrado la multa de $19 millones por el caso New Business. Otro condenado –en firme–en ese mismo caso, después de pasar todo el proceso, la propia Corte Suprema lo liberó de culpa, y el sujeto dejó de cumplir los 80 meses de prisión que le metieron por lavado de activos. Se trata del hermano de un ministro. Del canciller, para ser precisos, cuyo nombre también suena en el pleito por una herencia millonaria, en la que la igualdad de condiciones entre las partes –apuesto doble a uno– es solo fuego fatuo.
Mulino se quejó hace poco de que el “dinero robado al país por la corrupción circuló a través del sistema bancario”. ¡Brillante! Ahora piense en esto: ¿Dónde cree que está el dinero que nos robó su protegido y la pandilla que se amamantó de Odebrecht, Blue Apple, New Business y el Programa de Ayuda Nacional? Los gigantescos peces gordos del pasado gobierno siguen pelechando y abusando del Estado, pero nadie les tocará un cabello, porque sencillamente Mulino no puede gobernar sin ellos –los necesita–, así que chantajeado está y por una mafia. Él, que prometió que nadie lo chantajearía.
Aquí robaron vales digitales, nos desvalijaron con miles de contratos con sobreprecios, con equilibrios contractuales, con adendas, con obras inconclusas, con obras viejas y nuevas pésimamente hechas. La pandemia sirvió para el mayor atraco de nuestra historia: nos dejaron una economía destrozada, un erario totalmente saqueado y un país casi en bancarrota. Nos heredaron hospitales que no servían ni para moteles, calles urbanas convertidas en caminos rurales, una Caja de Seguro Social devastada, depredada y quebrada, nos endeudaron por generaciones para poder quedarse con el dinero; hundieron al país en una debacle de desempleo, pérdida de calificación y una educación inservible.
¿Y quién está pagando por todo esto? ¿Investigan a alguien? Por favor, ¿a quién engañan? Tenemos a la justicia bailando con la delincuencia; al Ejecutivo viviendo fantasías de párvulos: con aviones, trenes y jugando a la dizque guerra con soldaditos y policías. Fuego fatuo, alimentado por la descomposición, y de un brillo tan pasajero como falaz.
