Editorial
Urge una norma nueva que regule la conducta vehicular, fomente la cultura vial y fortalezca la institucionalidad, en lugar de poner parches.
Por increíble que parezca, las primeras que atascan la aplicación de las reformas a la Ley de Tránsito son las comunas que en seis meses no han agilizado el establecimiento de convenios con la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Argumentan ciertas policías municipales de Tránsito (PMT) que han dejado de monitorear velocidades, de controlar los horarios de vehículos pesados o incluso de imponer multas a causa del requisito fijado. Eso es un berrinche y no una justificación, pues el requerimiento implica una mayor fiscalización de las sanciones.
Ahora bien, esto no quiere decir que las reformas aprobadas hace seis meses sean una panacea. Por el contrario, están muy lejos de serlo, pues la obligación del Congreso sería emitir una normativa nueva, integral, funcional y pertinente. No obstante, la ley vigente permite a las PMT una funcionalidad suficiente en tanto se produce una iniciativa en la cual se escuche a diversos sectores para identificar prioridades de seguridad vial y ciudadana, así como abordar nuevos paradigmas de movilidad.
El lavado de manos que intentan ciertas PMT para su inacción son injustificados y, de hecho, existe legislación vigente que les otorga potestades de control que no ejercen. Un caso elocuente son los taxis piratas, que se han convertido en una horda de transgresores de normativas básicas: circulan a contravía, sobrecargan vehículos —a menudo en deplorables condiciones—, imponen tarifas a usuarios y, en ocasiones, son frentes de lavado de recursos delictivos. La Ley otorga a las comunas el control del transporte público, pero, allí sí, como si no existieran.
El gran desafío del tránsito nacional se ve agravado por atávicas deficiencias de infraestructura que crearon verdaderos bolsones vehiculares con una sola salida en múltiples áreas urbanas: toda una caja de calcetines congestionados, cuya solución parcial en el área metropolitana central sería la ejecución de un anillo periférico regional. En rutas de la provincia hay desafíos similares, por falta de vías alternas eficientes y de planes de ordenamiento territorial. Pero tales condicionamientos no eximen a las comunas de ejercer la autoridad, aunque para ello necesiten de un convenio con el Gobierno central.
Del lado ciudadano hay múltiples exigencias para transformar el modelo de movilidad, potenciando alternativas de transporte público digno, moderno, funcional. Desde hace tres décadas existen planes para un metro de superficie en la capital, pero entre miopías, liderazgos despóticos y francas negligencias, tales visiones no pasan del anteproyecto. La acumulación de parque vehicular es otro desafío devenido en círculo vicioso, sobre todo por el masivo aumento de vehículos particulares que son furtivos transportes de pasajeros sin fiscalización.
El abuso de velocidad, la temeridad dolosa, como la conducción bajo efectos de licor y drogas siguen siendo los principales factores de siniestralidad en las carreteras. La propia PNC de Tránsito debe evolucionar en sus estrategias. Poco o nada sirven los retenes a media carretera, con criterios aleatorios, excepto para entorpecer la circulación; solo abren la puerta a que agentes policiales hagan sus propias paradas al azar en caminos vecinales. Por eso urge una norma nueva que regule la conducta vehicular, fomente la cultura vial y fortalezca la institucionalidad, en lugar de poner parches.
