Una propuesta de ley busca establecer la obligatoriedad de la restitución integral del dinero, bienes y fondos sustraídos del erario público como consecuencia de delitos contra la administración pública.
“En otras palabras: esta propuesta de ley obliga a que devuelvan lo que se robaron”, afirmó la diputada Grace Hernández, proponente del proyecto.
Sostuvo que también se busca disuadir a quienes consideren incurrir en estos actos: “Que se lo piensen bien antes de meter la mano”.
La diputada señaló que las normas vigentes en el país no establecen con claridad la restitución obligatoria e integral del daño patrimonial causado al Estado, ni mecanismos efectivos de recuperación, ejecución y seguimiento de los fondos.
Indicó que, con esta iniciativa, se busca corregir esa ausencia en el marco legal, sin modificar las normas existentes, sino complementarlas para fortalecer la capacidad del Estado de exigir la devolución de los recursos sustraídos por actos de corrupción.
“Un condenado, hace poco, se declaró confeso por peculado de 12.3 millones de dólares y solo devuelve 2.3 millones. ¿Qué pasó con los otros 10 millones?”, cuestionó.
“Hay que poner un alto para que nadie se quede con el vuelto. El panameño quiere su plata devuelta, completita”, enfatizó Hernández.
En la exposición de motivos, la diputada argumentó que la corrupción no solo genera pérdidas millonarias, sino que también causa un daño directo a la comunidad, privándola del acceso a servicios básicos como salud, educación, agua potable, entre otras necesidades.
“Por eso, esta restitución patrimonial debe considerarse un acto de justicia y reparación, tanto moral como económica, y un compromiso del Estado para mejorar su imagen ante la sociedad panameña”, añadió.
El proyecto de ley incluye algunas innovaciones clave:
Restitución obligatoria: Se establece una vez exista una sentencia penal en firme, sin afectar la responsabilidad penal determinada por el juzgador.
Trazabilidad de fondos: Se podrán identificar responsables directos e indirectos que posean bienes derivados de fondos públicos.
Mecanismos de recuperación: Se contempla el uso de herramientas como embargo, decomiso, subasta y responsabilidad solidaria.
Registro como deuda fiscal: La sentencia será remitida automáticamente a la Dirección General de Ingresos (DGI) para que el monto adeudado se registre como deuda fiscal exigible. En caso de incumplimiento, se notificará a la Asociación Panameña de Crédito (APC).
Inhabilitaciones más severas: Se incrementarán los plazos de inhabilitación para ocupar cargos públicos o contratar con el Estado, respetando siempre el principio de proporcionalidad.
Exclusión de registros oficiales: Las personas condenadas quedarán excluidas del Registro de Proponentes y del Registro Nacional de Oferentes para contratar con el Estado.
