El pulso entre el Gobierno y el sindicato de Joviel Acevedo lleva más de 50 días. Garantizar la transparencia en los acuerdos sindicales ahora depende del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El Poder Judicial tiene pendientes de resolución dos acciones de amparo que buscan eliminar la confidencialidad de las negociaciones, las cuales permanecen en secreto por decisión del gobierno anterior, encabezado por Alejandro Giammattei.
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (Steg), dirigido por Joviel Acevedo, se opone a transparentar los acuerdos, mientras el Ministerio de Educación (Mineduc) busca hacer públicas las negociaciones.
El sindicato, como medida de presión para que el Ejecutivo ceda y firme nuevos beneficios para los maestros, se declaró en asamblea permanente desde el 19 de mayo. En consecuencia, cerca de 300 mil estudiantes no han recibido clases.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó acciones de amparo que fueron resueltas favorablemente. Sin embargo, los sindicalistas han ignorado las órdenes judiciales, lo que motivó al Ministerio Público (MP) a abrir una investigación de oficio.
La posibilidad de transparentar las negociaciones depende de la decisión de los 13 magistrados de la CSJ, quienes tienen en sus manos dos acciones legales que permitirían hacer públicos los pactos colectivos.
Esto le permitiría a la población conocer con mayor certeza qué exige el grupo de Acevedo y en qué está cediendo el Gobierno de Bernardo Arévalo. Hasta ahora, ninguno de los amparos ha sido programado.
Se consultó con Moisés Jérez, secretario de Comunicación y Protocolo del Organismo Judicial (OJ), sobre la razón de la demora. Explicó que, en estos momentos, no se cuenta con el personal que evalúa esos temas, debido a la suspensión de labores provocada por los recientes sismos.
Demasiada espera
En el 2024, el Movimiento Cívico Nacional (MCN) presentó un amparo ante la CSJ en contra de la confidencialidad en las negociaciones del pacto colectivo. Aunque no se otorgó el amparo provisional, siguen a la espera de una sentencia.
“No estoy segura si sea un retraso intencional, pero diferentes partes del sistema están fallando en temas de prontitud y en el mecanismo para negociar pactos colectivos. Una parte se levanta, hace ruido, se planta frente al Palacio y no pasa nada”, expresó Christa Walters, presidenta del MCN.
Destacó que la primera resolución no argumentó por qué no se otorgó el amparo provisional, y subrayó la gravedad de la situación, ya que se está vulnerando el derecho a la educación.
“Las cortes del país no han argumentado ni resuelto con profundidad, a pesar de que se vulneran varios principios y derechos como el acceso a la información pública y la educación de los niños por las acciones del sindicato de Joviel Acevedo”, indicó.
Walters considera urgente que la CSJ priorice una sentencia sobre el amparo, para conocer con claridad la postura del tribunal en una negociación que podría estar avanzando de manera opaca.
“El amparo lo presentamos el año pasado. No se otorgó el provisional, pero se celebró la vista pública en mayo. Desde entonces, esperamos la resolución definitiva”, concluyó.
Evitar más abusos
El segundo amparo por resolver fue promovido por el abogado Edgar Ortiz, quien tampoco ha tenido noticias desde hace medio año.
Aunque la CSJ no otorgó el amparo provisional, Ortiz apeló ante la Corte de Constitucionalidad (CC), que en enero ordenó a la CSJ volver a conocer la acción.
“Desde esa notificación no he tenido noticias. No sé si se trata de un retraso intencional, pero hay una gran crisis en el acceso a la justicia. Hoy vi quejas sobre un amparo que lleva un año sin respuesta; en nuestro caso ya son seis meses”, señaló.
Ortiz remarcó que transparentar las negociaciones evitaría que temas de interés público se acuerden entre sombras y sin participación ciudadana.
“Este amparo debe sentar un precedente para evitar que otras dependencias del Estado usen la misma artimaña. No es solo por el sindicato de educación, es para prevenir algo similar en otras instituciones”, dijo.
Agregó que, ante la negativa del sindicato de Acevedo de hacer públicas las negociaciones, solo se conocerán los acuerdos si la CSJ otorga un amparo que levante la confidencialidad. De lo contrario, los pactos se mantendrán en secreto hasta su concreción, sin fiscalización ciudadana sobre el posible uso de recursos públicos.
