El conflicto entre el Ministerio de Educación (Meduca) y los docentes, quienes mantienen un paro indefinido desde el 23 de abril, sigue sin resolverse. Mientras tanto, estudiantes y padres de familia esperan que la ministra de Educación, Lucy Molinar, cumpla su promesa de reemplazar a los maestros en huelga, ante el riesgo real de que se pierda el año escolar.
El lunes 23 de junio, fecha de inicio del segundo trimestre escolar, numerosos estudiantes llegaron a sus aulas con la expectativa de recibir clases. Sin embargo, muchos docentes desatendieron el llamado de retorno, pese a que el Meduca aseguró que no tomaría medidas disciplinarias contra quienes continuaran en huelga. Esta ausencia ha generado creciente preocupación y malestar entre los padres, quienes exigen garantías para la continuidad de la educación de sus hijos.
Padres de familia han manifestado su desesperación, ya que sus hijos no recibieron calificaciones durante el primer trimestre debido al paro. En el centro educativo Cerro Silvestre, ubicado en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, por ejemplo, cinco docentes permanecen en huelga, situación que ha afectado a un grupo considerable de estudiantes. Estos alumnos no han sido reubicados en otros salones ni han recibido una solución por parte de las autoridades escolares.
Según denuncian padres, hay educadores en paro que han compartido en redes sociales imágenes que los muestran disfrutando en el interior del país junto a su familia. Además, no responden a los mensajes enviados por los acudientes que solicitan información sobre su posible regreso a las aulas.
Aldo Bazán, representante de los padres de familia en Panamá centro, expresó su inquietud y subrayó la necesidad de que todos los actores involucrados actúen dentro del marco legal para resolver la crisis educativa. “Se debe cumplir con la ley, porque todo lo que esté fuera de ella no contribuye a resolver la situación que estamos viviendo”, declaró.
Bazán también advirtió que si las medidas que el Meduca pretende aplicar para enfrentar el paro resultan ser ilegales, como alegan los educadores, es fundamental evaluar su validez jurídica para evitar una mayor escalada del conflicto.
Recalcó que tanto el ministerio como los demás actores deben contar con asesoría legal para garantizar que sus acciones se ajusten a la normativa vigente y no generen mayores tensiones, siempre con el bienestar de los estudiantes como prioridad.
Amenazas para debilitar el paro
Por otro lado, Humberto Montero, dirigente magisterial y vocero del Frente Nacional de Educadores Independientes, aseguró que las acciones anunciadas por la ministra Molinar y algunos directores escolares violan la ley y la Constitución Nacional. Según Montero, estas amenazas buscan debilitar la huelga indefinida, que ya cumple 63 días.
“De acuerdo con la Ley Orgánica de Educación, es el director de la escuela quien tiene la potestad de sancionar y abrir procesos disciplinarios a un docente, pero no puede reemplazarlo. Esa no es una atribución ni del director ni de la ministra”, subrayó Montero, rechazando los intentos del Meduca de contrarrestar la huelga mediante reemplazos.
Asimismo, Montero criticó las amenazas de sustituir a docentes que se encuentran con licencias justificadas o con procesos de retención salarial, así como la intención de sancionar a los profesores que participan activamente en la huelga. “¿Cómo se explica que un alto porcentaje de docentes esté en las calles? El propio contralor de la Republica Anel Flores ha confirmado que la cantidad de maestros en paro ha aumentado progresivamente, hasta alcanzar los 30,000”, añadió.
Por su parte, Yelinda Hernández, dirigente de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos —una de las organizaciones que participa en la huelga— sostuvo que regresar a las aulas sin haber alcanzado un acuerdo formal sería una claudicación. “No nos dejemos engañar por falsas promesas”, expresó, aludiendo a la declaración de la ministra Molinar de que no habrá represalias para los docentes que retornen a las aulas.
Este medio pudo conocer que, el día de ayer, varios directores de centros educativos se reunieron con sus superiores para analizar el panorama actual y buscar alternativas que permitan mitigar los efectos de la prolongada paralización del sistema educativo. Mientras tanto, estudiantes, padres y docentes esperan una pronta solución que garantice tanto el derecho a la educación como el respeto a los derechos laborales.
El paro, originado por rechazo de la Ley 462 de la Caja de Seguro Social, es un tema prioritario en la agenda nacional. Sin avances concretos en un a mesa de negociación, la incertidumbre se extiende entre la comunidad educativa, que teme un colapso del calendario escolar si no se alcanza un acuerdo en el corto plazo.
