Editorial
Es como si la licitadora solo buscara objeciones formales y no se evaluaran las otras condiciones claves.
Es evidente que existe una deficiencia de parque vehicular para la Policía Nacional Civil y se necesita adquirir nuevas autopatrullas y motopatrullas para suplir las unidades deterioradas o perdidas. Es una inversión logística vital para asegurar la continuidad y mejorar cobertura y tiempo de respuesta en el resguardo de la seguridad pública. Por esa misma urgencia y capital importancia de la calidad del equipo, fue necesario frenar de golpe el lábil proceso de licitación que había adjudicado una adquisición de mil patrullas a un oferente que no contaba con el aval de la marca fabricante de los vehículos que ofertó: una situación que la junta licitadora obvió, ignoró o no verificó.
Uno de los oferentes, representante oficial de otra marca, que presentó el precio más bajo y, por ende, habría tenido mejor calificación en aspecto de costo, fue excluido porque en su documentación estaba mal escrita una palabra. Decía “penas” por “penales”, y presentaron una inconformidad que fue desechada por la Junta. Otra compañía oferente fue excluida porque tenía mal escrito su nombre en la declaración jurada. Entonces, al tratarse de una adquisición tan relevante y estratégica, cabe cuestionar si los formalismos legalistas pueden ser el criterio decisivo para excluir a oferentes y asignar, casi por defecto.
Claro, las primeras dos empresas deben reclamar a los responsables de tales gazapos legales, pero esto no es suficiente motivo para decidir sobre una inversión pública de Q375 millones. Es como si en la licitadora solo buscara objeciones formales y no se evaluaran las otras condiciones claves. Pero no es la primera vez que esta clase de embrollos complican una compra en Gobernación. En junio, adjudicó una compra de 10 mil pistolas para la PNC por Q84 millones que generó inconformidades.
Hubo objeciones de otros proveedores y también una inconformidad de la Contraloría General de Cuentas. El Ejecutivo ofreció revisar todo el proceso y hasta ahora sigue varado e incluso podría trasladarse hasta el 2026. En este momento aún hay existencia de armamento para entregar a los agentes de la PNC que egresarán de la academia este septiembre, mas no para la siguiente promoción, por lo cual urge cumplir con los requerimientos de la CGC para transparentar y concretar la compra. El martes último se adjudicó otro pedido de fusiles para la PNC, por Q55 millones, a la misma oferente de las pistolas. Hará falta ver si prosigue sin oposición.
Se lanzó, ayer también, la licitación para la compra de mil motocicletas todoterreno para patrullajes policiales. Las bases especifican cilindraje, características y tiempos de entrega. Las empresas interesadas deberían poner cuidado en la redacción de sus propuestas y de la documentación requerida, pero, a su vez, la junta calificadora debe estar comprometida con la evaluación exigente, integral y acorde a la conveniencia táctica de la misión de las fuerzas de seguridad. Este abordaje debe asegurar probidad, calidad y mantenimiento preventivo, que de alguna manera también forman parte de las ventajas o desventajas, más allá del precio.
Como cierre de esta reflexión, también es necesario considerar como un componente de inteligencia institucional la debida capacitación de agentes policiales para el uso adecuado de autopatrullas: con frecuencia se ven colisiones y percances causados por obvia impericia. Cierto, son vehículos de trabajo que deben responder a exigentes condiciones, sobre todo en operativos de combate de la delincuencia. Por eso mismo, los conductores deben estar a la altura de tal desempeño al volante.
