El Salvador necesita una reforma de pensiones, y eso no admite mayor debate. No se trata solo de que un organismo financiero internacional lo esté exigiendo a cambio de apoyar financieramente al Gobierno; es algo que impone la realidad. La reforma debió presentarse el pasado 10 de febrero, pero la fecha pasó sin que se conociera una propuesta concreta ni se abriera un debate al respecto.
La última reforma al sistema previsional dejó una lección preocupante: cuando una reforma se impulsa sin información pública suficiente, sin diálogo técnico amplio y con más cálculo electoral que actuarial, el resultado puede ser políticamente rentable en el corto plazo, pero ese plazo es cada vez más breve. El sistema ha sufrido reformas en 2006, 2017 y 2022, y ya se necesita una más en 2026.
La reforma aprobada a finales de 2022 se realizó catorce meses antes de que los salvadoreños asistieran a las urnas para elegir autoridades presidenciales, legislativas y municipales. Lo más recordado de ese cambio fue el aumento del 30 % en las pensiones por vejez y el incremento de la pensión mínima a $400. Lo anterior no abordaba el problema principal: el financiamiento sostenible y de largo plazo del sistema.
En ese momento, el Gobierno optó por no asumir el costo político de una reforma estructural y decidió colocar un nuevo parche a un sistema que, en su origen, fue presentado como una decisión audaz: anticiparse a los efectos del cambio demográfico sobre los regímenes de reparto. Existía consenso en que la caída de la natalidad y el aumento en la proporción de personas mayores presionarían las finanzas previsionales. Donde no hubo acuerdo fue en el remedio. El gobierno de turno, junto con sus aliados políticos, impulsó la creación del actual sistema de ahorro individual, con administración privada de los fondos.
Hace casi tres décadas se realizaron estudios, foros y propuestas alternativas que no prosperaron. A pocos años de la transición comenzaron a evidenciarse los problemas. La reserva técnica del antiguo sistema de reparto se agotó y el Estado asumió directamente el pago de esas pensiones, así como el pago de los certificados de traspaso de las personas que migraron al nuevo sistema. Para financiarlo, el Gobierno emitió deuda externa y posteriormente creó mecanismos como fideicomisos alimentados con recursos provenientes de los mismos cotizantes. Más adelante, además se incorporaron ajustes para agregar beneficios a algunos pensionados.
Las reformas de 2006, 2017 y 2022 se desarrollaron en contextos de creciente presión fiscal. En todos los casos, la escasez de recursos fue el detonante central. En esa búsqueda de liquidez se recurrió de manera intensiva al fondo de pensiones: primero mediante instrumentos que pagaban tasas de interés reducidas y luego a través de reestructuraciones y diferimientos de obligaciones. También se incrementó en tres puntos porcentuales la cotización conjunta de trabajadores y empleadores, al pasar del 13 % al 16 %.
Con el sistema sometido a fuertes compromisos financieros, las preguntas son inevitables: ¿habrá nuevos incrementos en la cotización? ¿Se modificará la edad de jubilación? ¿Qué alternativas de financiamiento sostenible existen? Postergar la discusión solo reduce el margen de maniobra, y no hacer nada al respecto sería una irresponsabilidad. Una reforma previsional integral exige transparencia en las cifras, debate técnico real y decisiones responsables que trasciendan el calendario electoral, que marca elecciones generales para febrero de 2027.
febrero 16, 2026
