La expresidenta argentina Cristina Fernández ha anunciado que el próximo miércoles, 18 de junio, se presentará ante los tribunales para quedar formalmente detenida, después de que la Corte Suprema de Justicia confirmase una condena de seis años de cárcel e inhabilitación política perpetua en la denominada ‘Causa Vialidad’.
Fernández, que siempre ha defendido su inocencia bajo el argumento de que todo forma parte de una persecución política, fue condenada por delitos de corrupción vinculados a la gestión obras públicas en la provincia de Santa Cruz y ahora busca «estar a derecho». «Como siempre lo he hecho», ha apostillado en un mensaje en su cuenta de la red social X.
«No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante tres años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea», ha esgrimido Fernández, que aspira al menos a cambiar su entrada en prisión por una orden de arresto domiciliario.
Fernández ha alegado que este arresto domiciliario no es un «privilegio», sino que «obedece a estrictas razones de seguridad personal», al tiempo que ha recordado que, como antigua presidenta, tiene derecho a una custodia «de por vida» que es «obligatoria» y a la que, según ella, no puede renunciar.
En este sentido, ha recordado que en septiembre de 2022 sobrevivió a un intento de asesinato que fracasó por el fallo de la pistola con el que fue encañonada, señalando que a día de hoy las autoridades no habrían querido avanzar en las investigaciones sobre «los autores intelectuales y los apoyos económicos» y que, por tanto, su vida corre peligro.
Este incidente tuvo lugar en la fase final del «engendro político-electoral» de la ‘Causa Vialidad’ y Fernández ha equiparado «la bala que no salió» en un primer momento con «el fallo que sí salió» esta misma semana en el Supremo, celebrado de manera pública por el actual presidente de Argentina, Javier Milei.
