Las preguntas acerca de lo sucedido en Los Chorros merecen una respuesta de las autoridades: ¿fue un problema en el diseño, le harán cambios a los planes originales, el estudio de suelos no fue lo suficientemente preciso, o es que las condiciones de ese tramo cambiaron a partir de algún evento? ¿Es un lugar seguro para transitar? ¿Lo será cuando terminen las obras por las que han cerrado el paso? ¿Será prudente permitir el paso de vehículos pesados una vez concluyan las adecuaciones?
Es una información que va desde lo técnico hasta irle adelantado a los ciudadanos el futuro del tránsito por esa importante arteria de interconexión; no es una conversación política, no es una repartición de culpas, una caza de brujas ni un ejercicio de endilgarle responsabilidades a los gobiernos anteriores sino sólo el estricto derecho de la población, en especial de la que necesita circular a diario por la carretera a Los Chorros, a saber qué ocurre en el lugar, de qué fiarse y poder tomar sus recaudos. Es imposible, sería ruinoso para las finanzas públicas creer que el transporte de pasajeros será gratuito otra semana, otra quincena; nada hay más útil en una crisis como la que atraviesan esas decenas de miles de personas que viven en ambos sentidos de esa vía y que tendrán sí o sí que transitarla que le digan la verdad.
El gobierno tendría que pensar en los paliativos en esa misma lógica de focalización: la gratuidad del servicio de transporte público tendría más sentido si se ofreciera a los que viven en el amplio perímetro alrededor de la carretera afectada, que son las personas cuya economía familiar está más golpeada debido a las incomodidades; el carácter nacional de ese beneficio tiene poco sentido, es un gasto innecesario, inexplicable si se recuerda el agresivo ajuste fiscal al que está sometido el erario en esta coyuntura.
Al desconcierto del inicio de la semana -y la detención de cinco empresarios del sector- le sucederán unos días de creciente normalización del servicio, de agradecimientos populares por la medida y en suma de oxígeno narrativo para el oficialismo. Pero lo que urge son soluciones sostenibles, que el ministerio de Obras Públicas se comunique mejor y brinde explicaciones claras a la gente.
Lamentablemente, se atisba otra distracción en la coyuntura. Desde la máquina de propaganda ya se promueve la «discusión» sobre nacionalizar el transporte público, a partir de los hechos registrados el lunes. Es una de las estrategias ya conocidas del oficialismo, la de moverse de una narrativa a otra sucesivamente, una ramificación que mantiene a la población entretenida, distraída de otras temáticas.
En el apuntado escenario de ajuste fiscal, es lógico que la administración revise lo que invierte en subsidios, que determine qué tan efectivas son esas medidas, qué tanto impacto tienen en la población más necesitada, y que si el modelo es mixto, se garantice unas condiciones idóneas para revisar tarifas y concesiones con los empresarios. Pero promover esa agenda a consecuencia de los muy puntuales problemas sufridos el lunes a partir de la pobre coordinación del gobierno con el sector es un garrafal error de método y enfoque.
