Mitchell vs. Noriega: ¿Puede Panamá retomar la minería metálica?

¿Está cerrada la puerta a la minería metálica en Panamá? Dos abogados debatieron sobre la legalidad de cualquier intento por reactivar el sector.

Lo hicieron en el panel legal del Foro Minero 2025, organizado por La Prensa, una iniciativa que promovió un debate informado, técnico y plural sobre el futuro del modelo de desarrollo nacional.

Los abogados Harley Mitchell y Rodrigo Noriega expusieron sus posturas sobre la legalidad de la minería metálica en Panamá, desde marcos constitucionales e interpretaciones divergentes de la Ley 407. El resultado: un contraste de visiones que deja claro que el tema no está resuelto, ni en la ley ni en la política.

Harley Mitchell: ‘Hay caminos legales si se actúa con honestidad y transparencia’

Harley Mitchell abrió su intervención subrayando que el derecho panameño —y la propia Constitución, ofrece herramientas para manejar los recursos mineros dentro del marco de la sostenibilidad. “No se puede hablar de desarrollo sin sostenibilidad”, advirtió, y repasó el régimen ecológico consagrado en la Carta Magna, así como los principios del derecho internacional ambiental suscritos por Panamá, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención de Ramsar, entre otros.

Según Mitchell, si bien la Ley 407 de 2023 prohíbe nuevas concesiones, no cierra del todo la puerta a la minería. “La concesión es una de cuatro vías que reconoce la Constitución para explotar recursos minerales”, argumentó. Entre esas vías menciona la gestión directa por el Estado, las empresas mixtas o estatales y, de forma especial, la contratación pública bajo parámetros de transparencia. Para el abogado, si el Estado decide contratar a un operador privado para que administre recursos públicos bajo un contrato diferente al contrato ley, este tendría que estar sujeto a licitación o a una excepción debidamente justificada.

Mitchell alertó sobre los riesgos de ignorar este “menú jurídico” y dejar vacíos de gobernanza sobre operaciones que ya existen, como la de Minera Panamá. “Ese agujero, la infraestructura minera en Donoso, no puede quedar sin gestión ambiental”, argumentó. Sostuvo que el Estado mantiene obligaciones legales y ambientales, y que mecanismos como el plan de gestión segura o los estudios de impacto ambiental, aunque cuestionados, siguen en pie y deben respetarse o actualizarse según lo exige la normativa vigente.

Su conclusión fue clara: Panamá tiene las bases jurídicas para permitir actividades mineras, siempre y cuando se hagan dentro de un marco de sostenibilidad real, supervisión estatal efectiva y con plena transparencia. “Lo que no se puede es improvisar”, recalcó.

Rodrigo Noriega: ‘La minería metálica está legalmente prohibida hoy en Panamá’

Rodrigo Noriega, por su parte, se mostró categórico: “La minería metálica está prohibida por ley”, afirmó. Desde su primera intervención, dejó claro que su análisis parte del respeto irrestricto al Estado de Derecho, que considera indispensable para la democracia panameña.

Con un repaso histórico que abarcó desde la promulgación del Código de Recursos Minerales en 1963 hasta la sentencia de la Corte Suprema que anuló el contrato ley 406 en noviembre de 2023, Noriega argumentó que cualquier intento de reactivar la minería metálica requeriría cambiar la Ley 407. Esta norma, dijo, no es una moratoria, sino una prohibición expresa que aplica incluso al propio Estado. “Si el gobierno quiere crear una empresa minera estatal, tiene que pasar por la Asamblea Nacional. No puede hacerlo sin ley”, enfatizó.

Noriega también se refirió a la posibilidad de arbitrajes internacionales, pero se mostró confiado: “Nos irá bien si el Estado actúa con buena fe”. Para él, el foco ahora debe ser el saneamiento ambiental de la mina en Donoso y la transparencia. “El Estado recibió 562 millones de dólares de la mina y no los usó para sanear nada. Ya deberíamos llevar 18 meses de limpieza”, lamentó.

En su cierre, Noriega cuestionó la capacidad institucional del país para supervisar una industria minera. “Un Estado que no puede evitar que se roben las tapas de alcantarilla no puede supervisar una mina”, sentenció, mientras llamaba a pensar en modelos de desarrollo más sostenibles y a no caer “en la dictadura del PIB”.

Dos visiones, una encrucijada

Ambos juristas coinciden en algo: la Constitución permite la minería, pero bajo condiciones. La diferencia central radica en la interpretación de la Ley 407. Para Noriega, es una veda absoluta que solo puede ser revertida por la Asamblea. Para Mitchell, aún existe un margen de acción legal si se elige la vía de la contratación directa con criterios estrictos y se respeta la normativa ambiental.

El foro concluyó con un llamado a la información, al análisis técnico y a un debate público honesto. En palabras de Harley Mitchell: “No hay temas tabú cuando se actúa con cabeza fría y dentro del orden jurídico”. Y en las de Rodrigo Noriega: “Sin Estado de Derecho, no hay democracia posible”.

Las luces del panel se apagaron. Pero en la sala, algunas ideas seguían resonando: información técnica, debate jurídico abierto y decisiones ajenas a la improvisación.

Eliana Morales Gil

Editora Política/Judiciales