En un país pequeño pero estratégicamente ubicado como Panamá, pocas decisiones tienen tanto peso como la que hoy gira en torno a la minería. Su cierre abrupto en 2023 no solo dejó una estela de protestas, demandas internacionales y desconcierto institucional, sino también una pregunta de fondo que nos interpela como nación: ¿debemos reactivar la mina? Y más importante aún: ¿bajo qué condiciones y visión de futuro?
Lo cierto es que esta operación minera no era menor. Representaba más del 5% del Producto Interno Bruto, el 75% de las exportaciones de bienes del país y miles de empleos directos e indirectos. Era una fuente clara de crecimiento económico, de ingresos fiscales y de inversión extranjera.
Desde una perspectiva macroeconómica, reactivarla podría parecer lógico. Podría reinyectar dinamismo a una economía que se ha desacelerado tras crecer un notable 7.3% en 2023. También aliviaría la presión fiscal en un momento en que la deuda pública supera los 47 mil millones de dólares y el déficit ronda el 7% del PIB.
Pero una decisión como esta no puede basarse solo en cifras económicas. El cierre de la mina fue consecuencia de un contrato que adolecía de legitimidad, transparencia y consulta ciudadana. El fallo de la Corte Suprema fue claro: se violentaron principios constitucionales. Y lo que vino después —las protestas, las marchas de estudiantes, pueblos indígenas y ciudadanos en todo el país— reflejó algo más profundo: una sociedad que exige participar en las decisiones que afectan sus recursos, su territorio y su futuro.
El dilema real no es si reactivamos la minería, sino cómo lo hacemos. Si Panamá aspira a convertirse en un país verdaderamente desarrollado —no solo por su PIB, sino por su institucionalidad, sostenibilidad y cohesión social—, la reactivación de la mina debe ser un punto de inflexión, no una vuelta al pasado.
Reabrir la operación sin aprender de los errores sería suicida. Pero hacerlo con visión de país podría ser una oportunidad única. Una nueva negociación, bajo condiciones de transparencia, con garantías ambientales firmes, participación ciudadana vinculante y beneficios fiscales redistributivos, puede convertir la minería en una palanca de desarrollo inclusivo, y no en un nuevo capítulo de dependencia extractiva.
La experiencia de los tigres asiáticos demuestra que el desarrollo no se logra solo explotando recursos, sino construyendo instituciones sólidas, invirtiendo en educación, diversificando la economía y distribuyendo con justicia los frutos del crecimiento.
Panamá se encuentra hoy en una encrucijada. La mina puede abrirse, sí, pero antes debe abrirse un proceso nacional honesto, transparente y con propósito. Solo así, lo que hoy parece una controversia podrá convertirse en una oportunidad histórica.
El autor es geólogo profesional.
