Una publicación de la OIM destaca que de 2016 al 2023, El Salvador, Guatemala y Honduras han reportado 1, 384,234 personas migrantes irregulares retornadas, de las cuales 223,583 fueron mujeres (16.2 %), 923,617 hombres (66.7 %), 91,412 niñas (6.6 %) y 145,622 niños y adolescentes (10.5 %). El Salvador recibió a un 13.8 % de los retornados (190,718 personas: 26.2 % mujeres y 73.8 % hombres).
Asimismo, la OIM plantea que una situación económica precaria, el desempleo, la falta de acceso a la educación, la violencia y otros factores estructurales y personales son los que más han motivado a miles de personas de estos tres países a buscar una nueva vida en los Estados Unidos.
Las personas que migran de manera irregular de Centroamérica a Norteamérica enfrentan cruces peligrosos de ríos y desiertos, terrenos remotos y formas inseguras de transporte para llegar a sus destinos, como por ejemplo viajar en la parte superior de trenes de carga o dentro de camiones. También pueden estar expuestas a diferentes formas de violencia, como robos, extorsiones, agresiones o explotaciones.
Por otra parte, la experiencia demuestra que las personas que retornan a sus países de origen han enfrentado necesidades de diversa índole, a veces incluso en condiciones de mayor vulnerabilidad que con las que salieron. Por ello, estas personas requieren una recepción digna y una reintegración efectiva.
No hay duda: el papel de la OIM es valioso para la protección de los derechos de las personas retornadas, para la atención de sus necesidades más urgentes (alimentación y salud) y para disponer de un proceso de readmisión fluido y armonioso, priorizando la dignidad y el respeto por la persona retornada.
La OIM ha sistematizado su trabajo en los centros de recepción de personas retornadas en El Salvador, Guatemala y Honduras, lo que ha comprendido varias áreas de análisis: infraestructura y equipamiento; asistencia humanitaria; gestión de la información; salud mental y atención psicosocial; y reintegración.
La OIM ha realizado una extraordinaria labor en la recepción, información, orientación y atención psicosocial. Lo debatible es la viabilidad del enfoque de reintegración sostenible, a saber, “un proceso pluridimensional que permite a las personas restablecer las relaciones económicas, sociales y psicosociales necesarias para preservar su vida, sus medios de subsistencia y su dignidad y lograr integrarse en la vida cívica”. La lección aprendida es que dicho enfoque exige la articulación de la asistencia humanitaria y la ayuda al desarrollo.
Esta lección es clave para alinear la cooperación externa (particularmente en tiempos de vacas flacas) y para conjugar el corto, mediano y largo plazo. La OIM en El Salvador podría enfocarse en apoyar a los retornados al momento de ingresar al país y en facilitar su integración social y cívica (sin etiquetar a los participantes).
La reintegración económica de los retornados es una tarea más compleja y el contexto externo no la favorece (guerra de aranceles, recesión en ciernes, deportaciones masivas, cierre de USAID y militarización de frontera EUA-México). Esta coyuntura hará que disminuyan los emigrantes y aumenten los retornados.
Dado que las medidas antiinmigrantes estadounidenses se aplican en el marco de un nuevo orden mundial (multipolaridad, declive de la globalización y detrimento de la Agenda 2030), El Salvador debería revisar sus políticas públicas y fijar prioridades entre 2025-2040. Al respecto, una medida acertada sería apoyar la inclusión laboral de los retornados dentro de una Estrategia Nacional de Desarrollo Económico Local (ampliar las oportunidades de inversiones, negocios y empleos en los catorce departamentos del país).
Reflexión: la estrategia sugerida es de mediano plazo y aborda la principal causa de la migración masiva. La creación de oportunidades económicas es esencial para que los retornados y potenciales migrantes prefieran permanecer en su terruño. Lo más crítico es el corto plazo, ya que un retorno excesivo de compatriotas entre 2025-2027 pondría en aprietos los servicios públicos y aumentaría la informalidad económica y habitacional.