Casi tres meses después de su llegada a Panamá, el grupo de migrantes deportados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, permanece disperso entre varios refugios del país.
Según Marco Gómez, director de Fe y Alegría, esta semana se cumplen 60 días desde que el gobierno les otorgó un permiso humanitario por hasta 90 días. “Ya esta semana se cumple el segundo período de 30 días”, explicó, detallando que el permiso migratorio otorgado en ese momento fue extendido automáticamente a 90 días, con vigencia hasta el 5 de junio.
El número de personas refugiadas ha disminuido, pero todavía quedan decenas de migrantes esperando una solución. De los 48 que se alojaban inicialmente en el albergue de Fe y Alegría, ahora permanecen solo 36, mientras que otros siete están bajo el cuidado del Hogar Luisa.
A ellos se suman varias familias albergadas por UNICEF en un hotel de la localidad, aunque el sacerdote aclara que no conoce la cifra exacta. “Yo calculo que entre todos hay unas 70 personas todavía en el país”, estimó.
Entre los refugiados aún se encuentran casos emblemáticos, como el de un ciudadano afgano que colaboró con el ejército estadounidense y un ruso que desertó. Ambos han decidido permanecer en Panamá mientras definen su futuro.
Gómez indicó que muchas de las migrantes camerunesas ya salieron del refugio por decisión propia, pero subrayó que desconoce su paradero. “Mis funciones terminan cuando salen de acá”, comentó, advirtiendo que, por ley, no puede involucrarse en sus planes migratorios.
La postura oficial del Estado ha sido ofrecer vuelos de repatriación. “Lo que esta gente no quiere —los migrantes— es lo que les están ofreciendo”, afirmó el sacerdote.
El llamado
Ante la falta de alternativas viables, Gómez instó al gobierno panameño a ofrecer una solución humanitaria dentro del país. “Pedimos que les den un permiso temporal, de uno o dos años, con opción a trabajar”, declaró.
Fe y Alegría no solo da techo y comida. También coordina asistencia legal.
Los migrantes no quieren volver a sus países. Tampoco parece viable regresar a Estados Unidos. Algunos exploran la posibilidad de pedir asilo en Panamá, pero el proceso es incierto. “Cada caso es distinto y el sistema no está preparado para atender tantas nacionalidades diferentes”, dice Gómez. Aun así, no se rinden.
“Esto es una crisis humanitaria”, sentencia el padre. “Aquí hay víctimas de políticas que los sobrepasan. Gente en el limbo. Pero en medio de tanta dificultad, también vemos la fuerza del ser humano, la resiliencia. Solo pedimos que el gobierno panameño asuma su parte y que la comunidad internacional no los olvide”, dijo.
La historia de estas personas comenzó lejos de Panamá. En febrero, 299 migrantes fueron deportados por el gobierno de Donald Trump en varios vuelos. La mayoría fue enviada a sus países de origen en África y Asia, pero 112 de ellos se negaron a volver. Alegaron temores fundados: persecución, cárcel, incluso la muerte.
Tras un tránsito por la estación migratoria de San Vicente, en Darién, y una estadía temporal en un hotel capitalino, fueron llevados a un centro sin condiciones adecuadas para albergarlos. El gobierno panameño les otorgó un permiso humanitario temporal de hasta 90 días, válido desde el 7 de marzo hasta el próximo mes de junio.
