Medios públicos: ¿son sólo propaganda?
Sus malos hábitos financieros le pasan factura al gobierno a través de la adquisición de más deuda, la contracción del tamaño del aparato del Estado y la simplificación de la operación de ministerios, secretarías y alcaldías; la principal afectada es la ciudadanía, que recibe menos servicios y de calidad inferior por sus impuestos y contribuciones, y ni se diga de los sectores poblacionales sin acceso a programas sociales.
Para mejorar su actuación administrativa y sus resultados financieros, el gobierno requiere de congruencia, disciplina y perspectiva; estas dos últimas virtudes palidecen sin la primera porque si el discurso va en una dirección y las acciones en otro, entonces la población puede dudar incluso de si las intenciones son reales o creer que se trata apenas de un artilugio propagandístico sólo para acceder a empréstitos aún más onerosos para el Estado mientras se pueda.
Uno de los agujeros sin fondo en los que el gobierno ha desperdiciado millones de dólares en estos seis años es precisamente en propaganda, en un aparato carísimo conformado por televisora, radio emisora, opinadores, influenciadores y un periódico que además de divulgar la versión oficial de cuanto tema se les ocurra -un vicio cultivado por las administraciones anteriores- se dedican de modo cada vez más descarado al ataque político y la desinformación.
Uno de los excesos derivados de esa deformación de la función social de estos instrumentos es que se refieran a medios de comunicación privados como «opositores», un ejercicio que no es informativo sino un uso propio del más ordinario activismo, un reflejo propio de recaderos de un partido político e indigno de profesionales del periodismo.
Los medios públicos de comunicación tendrían que enfocarse en brindar un servicio de alto interés social; un estándar inalienable de esa ética tendría que ser que su enfoque e información sea imparcial, que eduque, que sea superior a la agenda de los administradores circunstanciales del Estado. En El Salvador, nada más alejado de la realidad: son una plataforma de choque como cualquier otra contaminada por el fragor electoral y/o por los objetivos de control de la narrativa que tanto desvelan a la facción en el poder. Lo hacen por supuesto con el agravante de ser financiados con recursos de la población, unos que administran sin ninguna transparencia merced a las argucias contables ya conocidas, maniobras que incluyen su conexión umbilical con los presupuestos publicitarios de todo el gobierno.
¿Pueden los contribuyentes grandes y pequeños, las personas jurídicas y naturales que contribuyen al funcionamiento del aparato del Estado estar tranquilos de que al concentrar su publicidad en esos medios, el gobierno está ahorrándose dinero y no todo lo contrario? Siendo esos medios públicos poco leídos, poco vistos y poco escuchados según revelan los estudios independientes, ¿le están cobrando lo justo a la nación? Pese a que los salarios, gastos y compras de esas empresas son cubiertos con dinero público, no hay nadie que le garantice a El Salvador que el interés general está siendo defendido del evidente riesgo de abusos y despilfarros derivados de la cortina de secretismo tejida alrededor suyo.
En la lista de gastos y servicios brindados por el gobierno que están bajo riesgo en este escenario de ajuste fiscal ordenado por el Fondo Monetario Internacional, no cabe duda que buena parte de estas operaciones propagandísticas caerían por su propio peso; no lo han hecho por el propósito particular que satisfacen de cara a la cúpula que gobierna. Para la población y los contribuyentes son una carga, y para la democracia, un peso muerto armado en contra suya.
