Mientras los reflectores apuntan a la disputa por el control de la directiva legislativa, en las profundidades del Palacio Justo Arosemena, un edificio cargado de historia y desconfianza pública, se instala la Primera Legislatura del Segundo Período de Sesiones Ordinarias con un peso mayor que el de la elección de una mesa directiva: el de demostrar que la Asamblea puede, y quiere, cambiar.
El reloj legislativo comienza a correr en medio de una ciudadanía cada vez más exigente y un sistema político que arrastra décadas de déficit institucional. De acuerdo con analistas y políticos consultados, el reto está en transformar promesas en reformas tangibles, y diagnósticos conocidos en acción efectiva.
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Un reglamento obsoleto en una democracia que pide oxígeno
Uno de los compromisos más antiguos y a la vez más postergados es la reforma del Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI), la norma que define el ritmo, los procedimientos y los límites del poder dentro del pleno. Modificarlo no es solo un ajuste técnico: es una declaración de principios sobre el tipo de Asamblea que se quiere construir.
En la Comisión de Credenciales reposan más de una decena de propuestas que buscan modernizar el reglamento, muchas de ellas presentadas por la bancada independiente Vamos. Entre los cambios planteados están la eliminación de privilegios históricos, la racionalización de los tiempos de debate, y la remoción de las llamadas “botellas”, esas plazas que ocupan los que cobran pero no trabajan.
Las prioridades de Vamos
La coalición Vamos llegó a esta nueva legislatura con una hoja de ruta clara: reformar la carrera administrativa, empujar cambios en el sistema educativo y legislar con firmeza sobre el servicio de agua potable, uno de los temas que más golpea la calidad de vida de la población. El exdiputado Juan Diego Vásquez, presidente de la directiva de este grupo político, lo dijo este lunes en un acto de rendición de cuentas: “Buscaremos una reforma integral a la ley de carrera administrativa y cambios concretos en educación, con el acompañamiento de todos los sectores del país”.

Augusto Tuto Palacios, también de Vamos y aspirante a un puesto en la directiva, añadió a esa lista una vieja exigencia ciudadana: transparentar la Asamblea, desde su reglamento hasta su planilla. Roberto Zúñiga, quien será el próximo jefe de bancada de esta agrupación, por su parte, recordó otra deuda: retomar proyectos olvidados, como la iniciativa que busca impedir la prescripción de delitos contra la administración pública.
La batalla invisible: el presupuesto del Estado
Más allá del ruido político, el otro gran termómetro del desempeño legislativo será el tratamiento del presupuesto general del Estado para 2026. Después del accidentado proceso del año pasado, marcado por errores de forma, devoluciones al Ejecutivo y enfrentamientos entre bancadas, esta legislatura está obligada a elevar el nivel del debate presupuestario.
No se trata solo de cifras, sino de prioridades: educación, salud, seguridad social, infraestructura y, sobre todo, austeridad. Economistas y centros de análisis ya han advertido que el país no puede sostener un gasto público inflado por clientelismo y subsidios sin revisión. Advierten que la Asamblea tiene la responsabilidad, y la oportunidad, de colocar el debate fiscal en el plano técnico, transparente y participativo.
El elefante en el pleno: planillas, botellas y desconfianza
Mientras se discuten reformas y leyes, hay un ruido de fondo que no se apaga: el escándalo permanente de las planillas infladas y los nombramientos clientelistas. Las llamadas “botella” son otro símbolo de estas prácticas.
Por estos días la Contraloría audita las planillas y presentó presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio de laAsamblea, luego de detectar el pago de salarios a funcionarios que presuntamente no cumplían con sus jornadas laborales.
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Panameñistas piden ‘rol firme’
Mientras tanto, la bancada del Partido Panameñista, que cuenta con ocho diputados, apuesta a que en el periodo que inicia este 1 de julio la Asamblea juegue “un rol firme y transparente, siendo un verdadero puente de unidad y no un espacio capturado por intereses particulares”. Así lo comunicaron en una nota de prensa divulgada recientemente.
Hasta el momento de redactar esta nota, el Partido Panameñista, junto a Cambio Democrático (ocho diputados), Vamos (18 diputados) y la agrupación Seguimos (cuatro diputados), buscaban alcanzar un consenso para presentar una terna opositora a la junta directiva.
El objetivo es enfrentar la candidatura de Shirley Castañeda, postulada por el oficialista Realizando Metas (RM), que cuenta con 14 diputados, y respaldada por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), que tiene 13 curules.
Celebraron su alianza con una foto en la que se les ve juntos, sentados alrededor de una mesa que bien podría ser la de un restaurante de comida china. Sonríen, celebran, como si desde ya pudieran palpar el triunfo. Pero más allá de la imagen, la aritmética parlamentaria sigue abierta: sin mayoría clara, cada voto cuenta, y los acuerdos de última hora pueden redefinir el tablero político dentro del Palacio Justo Arosemena.

Foto tomada de Instagram
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Castañedas es una figura estrechamente vinculada al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, condenado a 10 años y 8 meses de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business. Martinelli está asilado en Colombia.
Agradezco a la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), haberme recibido en su reunión de hoy domingo 29 de junio y el respaldo unánime que dan a mi candidatura para ser la próxima Presidenta de la Asamblea Nacional; a partir del próximo 1 de julio de 2025. pic.twitter.com/c2WIRklmpg
— Shirley Castañedas V. (@ShirleyCastRM) June 30, 2025
También es la abogada de Jorge Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo”, condenado a 70 meses de prisión por blanqueo de capitales y acusado en Estados Unidos de conspirar para introducir cocaína, tras ser extraditado en 2023 desde Costa Rica.
¿Una Asamblea a la altura de la crisis?
Panamá enfrenta una encrucijada institucional profunda. La crisis derivada del rechazo de algunos sectores a la Ley 462, que reformó la seguridad social; el descontento popular con la clase política; la desconfianza en las instituciones, y la polarización creciente son síntomas de un sistema que exige transformaciones de fondo.
En medio de este escenario la pregunta de fondo no es quién preside el Legislativo, sino qué Asamblea se quiere construir.