En medio de una guerra silenciosa por el control de Guatemala, pocos nombres despiertan tanto odio en las mafias disfrazadas de “sociedad civil” como el de la Fiscal General María Consuelo Porras. ¿Por qué? Porque ha osado hacer lo que muchos callaron: proteger a los más vulnerables, especialmente a los niños víctimas de trata, migración forzada y explotación.
Mientras ONGs extranjeras se llenan la boca hablando de “derechos humanos”, María Consuelo Porras actúa. Desde el inicio de su gestión, ha fortalecido la Fiscalía contra la Trata de Personas, desmantelado redes de tráfico infantil, y sobre todo, ha defendido la soberanía frente a imposiciones globalistas que ven a nuestros niños como mercancía migrante o material de campaña.
Bajo su mandato, se han rescatado decenas de menores utilizados por coyotes en rutas hacia EE. UU., muchos de ellos explotados por redes vinculadas al crimen organizado.
Ha garantizado la aplicación rigurosa de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, que gobiernos anteriores dejaban engavetada para no incomodar a “socios internacionales”.
Y no menos importante: ha blindado al Ministerio Público frente a la presión de organismos que exigen impunidad para sus operadores disfrazados de fiscales o jueces “independientes”.
No es coincidencia que la ataquen desde embajadas, fundaciones y medios alineados con la Agenda 2030. María Consuelo Porras representa la última barrera institucional frente al caos. Es la Bukele en silencio, la que no necesita reflectores porque su prioridad no es la fama, sino la justicia.
Hoy más que nunca, Guatemala necesita firmeza, no sumisión. Y mientras los mercaderes de la impunidad gritan “dictadura”, los niños rescatados por su fiscalía la llaman: protección.
