En medio de esos procesos han surgido, entre los retos elegir al directorio, conformar la Superintendencia y para aplicar la ley, opiniones que consideran necesario reformar la ley actual, pero solo para eliminar lagunas, rectificar disposiciones, además de crear un reglamento adecuado para su implementación y enumeran una serie de retos, según los participantes en los foros de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham) acerca de “Ley de Competencia: avances en el proceso de nominación y desafíos para su puesta en marcha».
Según la entidad se dieron a conocer tres mensajes que consideran claves:
- Uno se refiere a la correcta conformación del primer Directorio y el mantenimiento de un proceso transparente de nominación son fundamentales, ya que este marcará el carácter institucional y la independencia de la nueva Superintendencia en sus primeros años de funcionamiento.
- El segundo mensaje se refiere a que se detectó necesidad de reformas a la Ley de Competencia, pero estas deben ser puntuales, técnicas y limitadas “a resolver antinomias o vacíos legales que dificultan su implementación” y consideran que los cambios de fondo deben reservarse para una etapa posterior y más madura del ecosistema de competencia.
- El tercer punto, se refiere que la colaboración entre gobierno, empresas y sociedad civil es esencial para construir un ecosistema de competencia dinámico, basado en la confianza, el desarrollo de capacidades de actores privados y públicos, y el diálogo constante, añade la entidad.
Detectan al menos seis retos
Al menos seis 6 retos detentan para la elección del directorio, conformación de la Superintendencia de Competencia y de la implementación de la ley.
Enrique Moller, presidente del Comité Fiscal de Amcham Guatemala expuso que para conformar el directorio y el ente técnico por lo que se deben separar dos temas, “el deber ser y la realidad”.
Por ello es importante que en la actualidad haya muchas instituciones y personas que indiquen con claridad los temas y se debe aprender de las experiencias de otros países, ya que se espera que se desarrolle bien en la realidad.
Moller dijo que observa que los nominadores que van más avanzados son la JM y el Congreso, pero falta más divulgación por parte del Mineco acerca del proceso que tienen a su cargo para el nombramiento por parte del presidente de la República.
Moller menciona tres retos importantes. Uno de estos el resolver las antinomias o defecto de la ley que son de fondo, pero son subsanables con relativa facilidad, considera que solo se deben corregir los defectos sin cambiar el fondo de la ley, por lo que será un reto en el Congreso.
Uno de los antinomios es que en el artículo 31 de la ley se establece que el directorio se conforma por tres directores titulares, pero en otro artículo se habla del quorum y que mayoría en el directorio es de cinco miembros, que era el número en una de las propuestas de la ley, entonces se podría interpretar que se tendrán que integrar dos suplentes para hacer quorum, pero es mejor aclararlo en la ley, indicó.
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El segundo punto es el reto de conformar el ente administrativo, la superintendencia de competencia, pero especialmente el reglamento porque es el que ayudará a operativizar la ley. Y, a su criterio, el tercer punto es la educación, ya que al final es tema de cultura de las empresas, ya que en etas debe establecerse su área de compliance en donde directores, ejecutivos, juntas directivas de las empresas deben ser parte de esa cultura y conocer las prácticas anticompetitivas, principalmente las denominadas absolutas, que pueden afectar, incluso a empresas que no son dominantes en el mercado, que no son grandes pero que puede caer en esas prácticas.
Un tema más profundo es el de la supletoriedad de la ley. Este deberá quedar claro porque genera preocupación acerca de cuántos litigios o situaciones se van a generar por el hecho que se interprete que un caso debe ser resuelto por la Ley de Competencia o las leyes específicas de sectores que son regulados por sus propias leyes como telecomunicaciones, banca, finanzas electricidad y otros. Es decir, se debe determinar la forma en la cual se determinaría la aplicabilidad de la ley con un poco más de claridad.
El otro punto importante aclarar es la definición del mercado relevante el cual tiene un ámbito geográfico, pero tiene también un ámbito del tipo de producto del cual se está hablando y la posibilidad que el consumidor tiene de sustituir ese producto por otro equivalente, la necesidad que cubre, el precio al que lo obtiene y el lugar o la facilidad con la que se pueda obtener el producto. “Es un tema sofisticado realmente de un análisis económico y de mercado que se basa mucho en estadísticas, información, números y datos que hay que recopilar, pero en Guatemala, no nos caracterizamos por tener toda la data y la información al día que se va a necesitar para hacer esas mediciones”.
Cáceres mencionó que entre los retos principales están que los tres entes nominadores seleccionen a las personas idóneas para que puedan conformar el directorio, y luego la conformación de la estructura administrativa de la Superintendencia. “Recordemos que están iniciando desde cero y no cuentan con absolutamente nada más que el directorio”.
Cáceres agrega que también se debe resolver una contradicción importante respecto de quien deberá ser el primer presidente del directorio. En un artículo se establece que primer presidente va a ser el uno de los nominados por el Congreso de la República y en otro artículo dice que va a ser la persona de mayor edad. Es susceptible de ser perfeccionada y definitivamente en el transcurso del tiempo se van a ir corrigiendo los errores que pueda haber tanto administrativos o de proceso, añadió el gerente del Banguat.
Catalina González, ejecutiva de la firma de abogados Alta, explicó que es importante la capacidad profesional, el enfoque de capacitación, en la parte técnica es vital y los recursos van a ser limitados, y se debe tener en cuenta que el tema de concentraciones en la ley quedó abierto para agentes económicos, y en ciertos casos tendrán que ir a la Superintendencia de Competencia para hacer alguna adquisición. “Eso significa que los recursos van a estar limitados y va a haber un embudo importante en la superintendencia porque entonces todas las adquisiciones, no solo entre competidores sino cualquier adquisición de un gremio que vaya a adquirir cualquier negocio que no sea de su competencia va a meterse en este embudo”.
Aparte del equipo de la Superintendencia va a haber un tribunal contencioso administrativo, y se debe pensar en quién va a capacitar y a ese personal con capacidades técnicas de conocimiento económico para poder definir, no de una manera ideológica sino de una forma sustentada que un caso aplica o no aplica, por lo que, indica es necesario fortalecer un ecosistema que se deriva de la ley de competencia.
En los foros también participaron los diputados Faver Salazar, y Felipe Barrera, presidente y secretario de la Comisión de Economía del Congreso, así como Ayleen Rodríguez del Consejo consultivo de Amcham y Enrique Godoy, quien fue moderador.
Procesos de evaluación: en mayo se evaluará a candidatos
La Junta Monetaria tiene previsto dar a conocer el viernes 2 de mayo oficialmente los nombres de los aspirantes que pasan a la segunda fase, de los 32 expedientes que recibieron. Mientras, que el 5 de mayo se efectuarán las pruebas psicométricas y el viernes 9 la evaluación de conocimiento indicó Vinicio Cáceres, gerente general del Banco de Guatemala (Banguat). La actividad se llevará a cabo en el edificio de dicha entidad bancaria.
Para la evaluación la JM contrató al Instituto Tecnológico de Monterrey para esa evaluación.
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En tanto el Ministerio de Economía informó en un boletín que para las evaluaciones contrató a la Universidad Finis Terrae, de Chile debido a su prestigio en economía y libre competencia. En este proceso participan 21 candidatos a quienes evaluarán sus méritos para liderar la Superintendencia de Competencia. Las evaluaciones se efectuarán el 5, 6 y 7 de mayo en el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) de la zona 5, y constará de un examen de oposición y un análisis de su trayectoria académica, experiencia profesional y compromiso con los principios de competencia, añade el Mineco.
En tanto el Congreso de la República, por medio de la Comisión de Economía, aún debe finalizar el proceso de contratación de la entidad elegida como Pontificia Universidad Católica de Chile, para realizar la evaluación técnica, explicó el actual presidente de dicha comisión.
Este Organismo recibió 38 expedientes, de los cuales 36 pasaron la primera fase de revisión.
