J’accuse…! (literalmente en francés, «¡Yo acuso…!») es el título de una célebre carta abierta escrita por el novelista Émile Zola y publicada el 13 de enero de 1898 en el periódico francés L’Aurore, en el marco del emblemático caso Dreyfus. A través de ese escrito, Zola se refirió a aspectos medulares vinculados a este escandaloso y polémico episodio que habían sido originalmente soslayados, logrando así motivar a las autoridades judiciales para que revisaran el caso con mayor detenimiento. Al final, se consiguió que los verdaderos culpables rindieran cuentas ante la justicia por sus actos. En aquella época, esta publicación se convirtió en un símbolo trascendente del poder de la prensa al servicio de la verdad y de los legítimos intereses del pueblo francés.
Sin pretender emular al eminente escritor francés, se me ocurre que, al margen de la oportuna, importante y afortunada decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucionales la Ley No. 5 de 16 de enero de 1997, sus adendas y el acto de prórroga relacionados con el contrato con Panama Ports Company, S.A. (PPC), conviene además pasar revista minuciosa a quiénes fueron los actores panameños con mando y jurisdicción que, en su momento y a lo largo de casi tres décadas, permitieron o propiciaron —por acción u omisión— este vergonzoso acto de corrupción flagrante contra los intereses del pueblo panameño, ocurrido con tal desfachatez, frente a nuestras narices, en pleno siglo XXI, y que hace retrotraer la memoria hasta los tiempos de Bunau-Varilla.
Resulta inevitable comenzar destacando la insólita e inexplicable decisión adoptada por el gobierno de Mireya Moscoso (1999-2004) de reducir drásticamente, mediante una resolución ministerial, los ingresos que el Estado panameño debía recibir de parte de PPC por la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal. Ello, a pesar de lo dispuesto en el contrato de concesión original firmado durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), según el cual PPC debía pagar anualmente a Panamá 22.2 millones de dólares fijos, además del 10% de los ingresos brutos. Pues bien, sin más ni más, la presidenta Moscoso, al iniciar su mandato, decidió eliminar de un plumazo y exonerar la obligación de PPC de pagar al Estado panameño el canon fijo de 22.2 millones de dólares por año.
Así las cosas, según cifras de la Contraloría General de la República, en 2015, luego de 18 años continuos de operación, PPC realizó su primer pago de dividendos al Estado panameño por apenas un millón de dólares, pese a que una auditoría realizada en 2009 detectó ganancias acumuladas hasta ese momento por el orden de 750 millones de dólares.
El acto crucial de esta tragicomedia —en la que quienes representaban nuestros intereses como nación desempeñaron el papel de mentecatos o de mogos vivos— se produjo en 2021, durante el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), cuando PPC, al ver acercarse la fecha de vencimiento del contrato de concesión, prevista para 2022, solicitó a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) la certificación de cumplimiento contractual a fin de activar la prórroga automática del contrato por otros 25 años. Para tal efecto, la junta directiva de la AMP, bajo la presidencia de Noriel Araúz V., solicitó al contralor general de la República, Gerardo Solís, la realización de una auditoría previa. Dicha auditoría fue realizada prontamente y calificada por el propio contralor como de “carácter confidencial”. Posteriormente, Solís afirmó ante los medios de comunicación que PPC cumplía a cabalidad con todos los requisitos inherentes a sus obligaciones contractuales y, en consecuencia, otorgó su aval a la renovación automática del contrato de concesión, la cual fue aprobada de inmediato por la AMP, sin proceso alguno de renegociación ni debate público.
Si la evidencia descrita sobre las actuaciones de los panameños involucrados en estos hechos de aberrante perjuicio para la nación no se considera motivo suficiente para que sean llamados a juicio y respondan ante los tribunales de justicia por delitos tan deleznables, al menos propongo que se les conmine públicamente, a todos y cada uno de ellos, a pagar las costas millonarias —dinero tienen para ello— que supondrán las demandas que, con toda seguridad, interpondrán los abogados de PPC si llegaran a considerar —con cierta razón— que no tienen culpa alguna por haber negociado un contrato a su favor con esta clase de especímenes inescrupulosos, designados para representar y defender, supuestamente, los intereses de Panamá.
El autor es pintor y escritor.
