En cumplimiento de la incipiente Ley de fomento a la inteligencia artificial y tecnologías, aprobada este año, el presidente de la república nombró hace algunos días al director de la agencia nacional que se encargará de establecer los requisitos y crear el registro nacional de desarrolladores y operadores de IA, definir el contexto de evaluación de riesgos y requisitos para los múltiples sistemas que manejan datos confidenciales, así como de definir los criterios de seguridad en la materia en El Salvador.
Con independencia de las preguntas acerca del perfil adecuado para esos puestos y si se actúa o no a partir de la meritocracia, es un momento razonable para que todos los agentes económicos, incluido el gobierno, se interesen en la inteligencia artificial; en el caso de la administración pública, en un marco recesivo y de ajuste fiscal en curso, con mayor razón, porque la IA puede ser una herramienta poderosa para optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y ofrecer mejores servicios a los ciudadanos.
Lo más obvio es que con inteligencia artificial puede mejorarse la eficiencia administrativa. Una de las tareas en las que la IA ya exhibe sus bondades en múltiples campos es en la automatización de procesos; si en algo las dependencias públicas sufren tras cada cambio tecnológico, tras cada rediseño institucional y tras cada recorte de personal, es en las tareas más repetitivas, en especial las relativas al trámite y extensión de documentos. Por supuesto, es un tema en el que algunas dependencias pueden participar, pero no todas, porque hay una ingente cantidad de operaciones ministeriales que todavía se realizan en papel. Sin digitalización, la conversación sobre aplicaciones de IA en el gobierno es peregrina.
Si los grandes volúmenes de datos de que dispone el Estado son digitalizados, la IA serviría para identificar patrones, recrear perfiles y producir análisis predictivos tan necesarios para las políticas públicas; además, en las manos correctas, esta tecnología permitiría auditar de manera automatizada para corregir los despilfarros, abusos y delitos alrededor del erario.
El combate al crimen es un campo en el que la IA ya destaca en el continente, como lo comprueba la prevalencia del concepto de ciberseguridad en las políticas de las ciudades más desarrolladas del hemisferio; hay una creciente discusión sobre hasta qué punto es ético tal control sobre la privacidad ciudadana, pero eso es materia de futuros artículos, sin duda una discusión de tiempos por venir.
El corazón del asunto es entender que el uso de la inteligencia artificial, su comprensión y desarrollo serán altamente novedosos en productividad y generación de riqueza en el sector privado, pero que los más importantes beneficios devendrán de la apertura y lucidez con que el Estado la adopte y en la medida que inspire a sus administradores a modernizar procedimientos y digitalizar toda la operación pública. Si el concepto de que lo público sea mejor que lo privado no fue sólo un eslogan pegajoso pensado para una campaña electoral y continúa en el ideario del gobierno, entonces lo público tiene que ser digital, automatizado y eficiente.
