En apariencia, las noticias que salen de los Estados Unidos de América son contradictorias, pues por un lado una jueza considera que no hay suficientes argumentos para mantener detenido al salvadoreño Kílmar Ábrego, pero por el otro, el Tribunal Supremo dio vía libre a la administración Trump para reanudar las expulsiones de inmigrantes a terceros países como El Salvador.
La contradicción no es tal; en ambos temas, la ley se terminó imponiendo a la narrativa, en uno de los casos significando un revés para los planes del mandatario republicano y en el otro, representando una victoria para sus planes de deportaciones masivas como práctica fundamental de seguridad. Lo que ocurre es que el discurso público en decenas de países se ha polarizado tanto, el autoritarismo se ha naturalizado tanto, que pareciera ser el primer reflejo de cualquier democracia, y cuando en algunos contextos el juego de pesos y contrapesos funciona, pareciera ser una excepción y no la regla.
Se sabe que el caso de Ábrego es, más que un asunto administrativo, un punto de conflicto político, y que el desenlace judicial puede servir de base para críticas aún más profundas a las deportaciones masivas, amén de que hubo en su desarrollo suficientes indicios de violación al debido proceso; que una juez federal estableciera que no hay pruebas sólidas y que se incurrió en irregularidades procesales ha fortalecido la versión de que Ábrego es víctima de un sistema migratorio politizado.
Es cierto que el salvadoreño permanece bajo custodia migratoria y que su detención tiene más que ver con que su estatus migratorio se resuelva que con los cargos de tráfico humano, pero la impresión de que el gobierno echó mano del caso para justificar su discutida deportación inicial le ha restado crédito a las versiones oficiales tanto en los Estados Unidos de América como en El Salvador; pase lo que pase, se convirtió en el ejemplo por excelencia de lo que está mal en la visión, el plan y el método migratorio en boga.
Pero, por otro lado, ayer Trump recibió un espaldarazo potente, luego que tres jueces del Tribunal Supremo levantaran la prohibición que un jurista federal hizo hace dos meses, exigiendo detener las deportaciones hasta que se le diera la posibilidad y el tiempo necesario a los migrantes para discutir sus casos, en especial porque algunos podrían ser deportados a países donde correrían riesgos como el de la tortura.
Que tres de los principales jueces de esa nación consideraran que su colega se excedió en sus facultades y que es prudente desactivar su fallo, pese a que en el fondo es cierto que la vida de miles de migrantes corre riesgo en los sistemas penales de potenciales terceros países, es un mensaje potente sobre el signo de un pensamiento norteamericano que se ha vuelto más dominante de lo que se quiere reconocer.
Está claro, hoy más que ayer, que Trump continuará con las deportaciones, que priorizará a migrantes con antecedentes penales y a presuntos pandilleros para mantener el apoyo público, aun cuando el método ha demostrado ser oprobiosamente falible, como lo demuestra el proceso contra Ábrego. Y, aunque no alcanzará los once millones de deportados que prometió, ya puede alegar éxito porque ya no es sólo narrativa, sino análisis constitucional, por impensable que pareciera.
