El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, aseguró a este medio que la provincia de Bocas del Toro atraviesa una fase de “operaciones de estabilidad” tras los disturbios, saqueos e incendios registrados en Changuinola durante los últimos días.
La situación llevó al presidente José Raúl Mulino a decretar el estado de urgencia en la provincia, lo que ha permitido el despliegue de más de 1,500 miembros de los estamentos de seguridad y la suspensión temporal de varias garantías constitucionales.
LP/Richard Bonilla
“Hoy en la mañana (ayer sábado) nuestras unidades han estado desarrollando una serie de operativos en búsqueda de la recuperación de la paz y la tranquilidad”, dijo Ábrego en entrevista concedida a La Prensa.
Añadió que estos esfuerzos incluyen detenciones de “vándalos y pandilleros” implicados en actos de violencia y vandalismo.
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Entre los incidentes recientes, el ministro confirmó que un teniente del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) resultó herido de bala durante una operación de captura en el sector de El Empalme, donde, según dijo, intentaban aprehender a un presunto líder pandillero. “Fue herido en el muslo, ya fue operado y se encuentra fuera de peligro en el hospital de Isla Colón”, detalló.
Pandillas locales y disturbios organizados
Ábrego señaló directamente a varias pandillas locales como responsables de los hechos de violencia: los Terroristas, Boys in the Hood y los Branda. También mencionó a los Pachos y Pachucos, que aunque no son reconocidos formalmente como pandillas por las autoridades, “operan en un sector de Changuinola” y han estado implicados en acciones violentas.
Hasta la mañana del sábado, el ministro reportó 140 aprehensiones, en su mayoría hombres, aunque también algunas mujeres, “incluidos líderes pandilleros”.
El ministro también aclaró que ni Sitraibana ni los docentes que protestan contra la Ley 462, que reformó el sistema de seguridad social, están vinculados con los actos de violencia y saqueo en Changuinola. Incluso destacó que miembros del sindicato bananero intentaron proteger las instalaciones de Chiquita Panamá frente a los ataques de pandilleros.
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Según Ábrego, detrás de las acciones de vandalismo hay una red de apoyo que involucra a actores políticos locales. “Hay un alcalde y dos representantes de corregimiento que han estado llevando comida y víveres a estos pandilleros”, afirmó, sin dar nombres, pero aseguró que los informes ya fueron remitidos al Ministerio Público.
También denunció que líderes políticos locales les estarían entregando dinero a los grupos violentos. Tampoco mencionó nombres.
Operación Omega y corte de comunicaciones
El plan de seguridad ha sido denominado Operación Omega, y su eje principal es garantizar la conectividad entre Chiriquí y Bocas del Toro, desde Hornito hasta Guabito, en la frontera con Costa Rica. En ese corredor, las fuerzas de seguridad han retirado más de 180 árboles cortados y lanzados a las vías, además de desactivar trampas como clavos y alambres de púas colocados para dañar vehículos o peatones.
Ábrego reconoció que “muchas veces hemos pasado, retiramos los árboles, pero en horas de la noche vuelven los pobladores o los vándalos y los arrojan nuevamente a la vía”. También denunció una nueva modalidad: clavos en la carretera y la apertura de zanjas para bloquear el paso.
El corte de comunicaciones
En paralelo, el corte del servicio de internet en Bocas del Toro responde, según el ministro, a una solicitud del Ministerio de Gobierno a la Asep, con el objetivo de obstaculizar la organización de los grupos violentos a través de redes sociales. “Muchos de estos grupos realizan los famosos en vivos y se pasan órdenes entre ellos”, explicó.
Adicionalmente, el derribo de árboles afectó la infraestructura de fibra óptica, lo que habría interrumpido las comunicaciones desde hace más de una semana.
Afectaciones a infraestructura crítica
El ministro consideró que los daños a instalaciones como la planta potabilizadora de Changuinola, el estadio Calvin Byron y el aeropuerto local constituyen hechos de “lesa humanidad”. En particular, destacó que el aeropuerto, actualmente inactivo, ha dejado incomunicadas a personas que requieren traslados médicos urgentes, especialmente pacientes de hemodiálisis.
Aseguró que el aeropuerto sufrió daños a sus sistemas de comunicación, así como a las oficinas del Sinaproc, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, la Autoridad para la Innovación Gubernamental y una empresa de alquiler de autos, a la que le vandalizaron más de 40 vehículos. “No es un daño pequeño”, subrayó. “Esto afecta a la parte turística y comercial de la provincia”, añadió.
Foto: La Prensa
Pie de fuerza y presencia sostenida
Ábrego informó que en Changuinola operan actualmente entre 700 y 800 policías, y que si es necesario, se enviarán hasta mil más. Recalcó que los refuerzos enviados están compuestos en su mayoría por agentes en tiempo de franquicia, es decir, fuera de turno regular, lo que ha permitido mantener las operaciones sin debilitar la seguridad en otras zonas del país.
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“No estamos debilitando las áreas de policía del resto del país”, afirmó. “Tenemos que continuar con la tarea hasta que se recupere la paz y la tranquilidad”.
Crímenes imputables y procedimiento legal
El secretario general del Ministerio de Seguridad Pública, Juan Carlos Rodríguez, añadió que las personas aprehendidas podrían enfrentar cargos por delitos contra la propiedad, el ambiente, crímenes organizados y lesiones personales. Explicó que, bajo el estado de urgencia, el plazo para presentar a los detenidos ante el Ministerio Público se extiende más allá de las 24 horas regulares.
Consultado sobre si se podría aplicar la figura de terrorismo, Rodríguez aclaró que “la calificación corresponde al Ministerio Público”.
Sobre el uso de armas y denuncias públicas
Finalmente, Ábrego respondió a imágenes divulgadas en redes sociales donde se observa a un policía portando un arma en Changuinola, lo cual contradice el discurso oficial de que no se han empleado armas letales. Según el ministro, se trata de unidades de la Policía de Investigación que acudieron ante una posible amenaza a un banco, y no forman parte de las unidades antidisturbios.
“Yo no le puedo decir a usted que el policía que está en su trabajo de ronda en algún lugar de Bocas del Toro no va a cargar armas. Eso lo faculta la ley”, puntualizó.
