Organizaciones y colectivos de periodistas de Guatemala celebraron este viernes la salida de prisión del comunicador Jose Rubén Zamora Marroquín, tras 1 mil 295 días de reclusión, y denunciaron que el proceso en su contra ha sido un «mecanismo de castigo anticipado» contra la prensa independiente.
En un comunicado, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) calificó de «paso fundamental» la decisión de un juez penal de otorgar arresto domiciliario a Zamora, quien abandonó la noche del jueves la cárcel militar Mariscal Zavala.
Según la APG, el encarcelamiento del periodista no ha sido un proceso ordinario, sino un «intento de instrumentalizar el sistema de justicia para castigar la fiscalización del poder».
Por su parte, el colectivo «No Nos Callarán» (NNC) y la Red Centroamericana de Periodistas (RCP) subrayaron que la prisión preventiva prolongada, al no sustentarse en riesgos procesales acreditados, «se convierte en un mecanismo de castigo anticipado que vulnera el derecho a la libertad personal».
Ambas entidades recordaron que el caso sufrió más de 30 meses de «estancamiento judicial» y dilaciones que impidieron su avance tras la detención del comunicador en julio de 2022.
A nivel internacional, Impunity Watch celebró la excarcelación de Zamora, al igual que Amnistía Internacional, que instó al Estado a «poner fin al uso indebido del derecho penal» contra el periodista, aunque manifestó su alivio porque este pueda enfrentar sus juicios en libertad.
Asimismo, François Valérian, presidente de Transparencia Internacional, pidió reformas para que el sistema judicial guatemalteco pida cuentas «a los corruptos, no a quienes se atreven a hablar«.
Zamora, principal crítico del Gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024), recupera la libertad tras casi cuatro años en prisión preventiva. No obstante, el gremio periodístico advirtió que se mantendrá en «vigilancia permanente» hasta que se garantice un entorno seguro para la prensa en el país.
Con esta medida, el periodista aguardará en su domicilio el desarrollo de los procesos pendientes en su contra por acusaciones de lavado de dinero, obstrucción a la justicia y presunta alteración de documentos migratorios, señalamientos que su defensa ha tildado de «espurios«.
