Al expirar a medianoche de este sábado el contrato para el suplido de gas natural licuado (LNG, en inglés), siete de las 14 unidades de emergencia que Genera PR opera en las centrales San Juan y Palo Seco (Toa Baja) estarían fuera de servicio porque, si bien están diseñadas para funcionar también con diésel, no se cuenta en este momento con la infraestructura necesaria para realizar el cambio de combustible.
Genera PR notificó la situación tarde el viernes al zar de Energía, Josué Colón, quien emitió horas antes un requerimiento de información, indagando sobre los planes de la empresa para asegurar la producción de energía ante la incertidumbre contractual relacionada con el suministro de LNG.
Iván Báez, portavoz de Genera PR, confirmó a El Nuevo Día que la empresa envió una respuesta preliminar a Colón antes del plazo de las 6:00 p.m., con miras a suplementarla con un plan más abarcador este lunes.
En síntesis, de acuerdo con Báez, Genera PR tendrá disponible, por el momento, la mitad de las 14 unidades portátiles instaladas en 2023 por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y adquiridas posteriormente por la Autoridad de Energía Eléctrica. Las siete unidades que no están habilitadas para utilizar diésel representan aproximadamente 170 megavatios (MW) que estarían fuera de servicio.
“Se le contestó que se va a contestar el lunes”, dijo Báez.
Ante la salida el viernes de la unidad #2 de la central Aguirre (Salinas), se proyecta que, a lo largo de la próxima semana, la flota de generación cuente con mínimos márgenes de reserva para suplir el consumo.
En la misiva del viernes de Colón, el también director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) expresó que Genera PR, como subsidiaria de New Fortress Energy (NFE) –proveedor del LNG–, “está plenamente consciente del plazo (de vencimiento del contrato) y debió haber actuado proactivamente para prevenir cualquier interrupción del servicio”.
“Más aún, Genera está consciente de las 14 unidades de generación temporales tienen la capacidad de operar en diésel y gas natural. Por lo tanto, es la responsabilidad contractual asegurar la disponibilidad de estas unidades con gas natural o diésel. Ninguna excusa se considerará justificada si por cualquier razón estas unidades no pueden generar con diésel como combustible alterno”, escribió Colón.
Si bien el contrato de LNG se había extendido hasta el viernes, NFE retiró desde el miércoles la barcaza que suple directamente el combustible desde el muelle en la bahía de San Juan, sin que se hubiera traído un nuevo tanquero. Ante ese escenario, tanto las unidades #5 y #6 de ciclo combinado de la central San Juan, como las unidades portátiles en esa instalación y la central Palo Seco con la capacidad de usar diésel, estaban funcionando con este combustible, cuyo costo puede duplicar el de gas natural.
Aunque el contrato que cubre el suministro de LNG para las unidades #5 y #6 de San Juan –que se extiende hasta 2026– es separado al del suplido para las unidades de emergencia, NFE importa el combustible en la misma embarcación.
Colón, en su misiva del viernes, citó varias cláusulas contractuales que obligan a Genera PR a asegurar el suplido necesario de combustible para generar energía, así como a “notificar diligentemente cualquier circunstancia que pudiera afectar materialmente las operaciones”.
“La ausencia de un contrato renovado de combustible con NFE –o de un plan de contingencia documentado que garantice el suplido ininterrumpido para las 14 unidades– coloca a Genera en riesgo de incumplir estas obligaciones”, dijo el zar.
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Se le contestó que se va a contestar el lunes ”Iván Báez, portavoz de Genera PR
La incertidumbre con las entregas de combustible se produce a días de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) objetara, por el momento, la aprobación de un contrato de 15 años y $20,000 millones adjudicado a NFE para el suplido de LNG a casi todas las instalaciones de generación del país, la mayoría de las cuales utiliza al presente otras fuentes de energía.
La mayoría de las objeciones de la JSF se centran en presuntas irregularidades en el proceso de solicitud de propuestas (RFP, en inglés) administrado por una firma independiente reclutada por la AAPP, incluidas la reducción del monto exigido como fianza de incumplimiento y la concesión de “derechos de exclusividad” a NFE para las entregas de LNG a futuro.
Además del acuerdo con NFE, el RFP resultó en la adjudicación de un segundo contrato a la empresa Crowley para el suministro de combustible a la planta de Mayagüez, una de las instalaciones que requeriría trabajos de gasificación.
