El país se vio sorprendido por la decisión de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, que preside el diputado Luis Eduardo Camacho, de acoger un proyecto de ley que podría reconfigurar la justicia penal panameña. La medida abriría además nuevas posibilidades procesales para el expresidente Ricardo Martinelli, condenado por blanqueo de capitales.
La iniciativa fue presentada por el diputado de Realizando Metas, Jamis Acosta, y busca modificar los artículos 2030 del Código Judicial y 191 del Código Procesal Penal.
En esencia, la propuesta permitiría que los condenados aleguen violaciones a derechos fundamentales y que sentencias firmes sean revisadas. Esto ampliaría los márgenes de defensa y generó preocupación entre juristas sobre su posible impacto en la estabilidad judicial del país.
La exmagistrada Esmeralda de Troitiño se pronunció de manera categórica sobre la propuesta. “Eso permitiría que se revise la condena del señor Martinelli. Está para eso. Esa es una modificación que tiene nombre y apellido”, afirmó, dejando en claro su percepción sobre la intención detrás del proyecto.
Sistema político
En entrevista con La Prensa, De Troitiño cuestionó el papel de la Asamblea Nacional en este tipo de medidas. “Tenemos un sistema político descuadernado, por decirlo en panameño. No hay Estado de derecho, y la impunidad parece prevalecer”, señaló, advirtiendo que el desconocimiento de las normas institucionales puede generar un efecto cascada que afecte a toda la sociedad.
Consultada sobre las posibles repercusiones del proyecto, la exmagistrada enfatizó que no se trata solo de Martinelli. “Muchas personas quedarían libres. Eso es falta de Estado de derecho”, alertó, subrayando la erosión de la institucionalidad democrática y los riesgos para la confianza pública en las instituciones.
De Troitiño hizo un llamado directo a los diputados para que ejerzan responsabilidad durante los debates de la ley. “En el primer debate deben tener claridad sobre su posición, alineada con lo que significa el Estado de derecho. En el segundo, la misma precisión, y en el tercero, toda la sociedad estará mirando”, indicó, insistiendo en la necesidad de ética y transparencia legislativa.
La exmagistrada concluyó recordando que la propuesta no solo afecta la reputación de los órganos judiciales, sino también la confianza de la población en la justicia. “Una ley que destruya el Estado de derecho es intolerable. La sociedad debe observar y exigir que los diputados actúen con responsabilidad y en defensa de la legalidad”, afirmó.
La consulta
La directora de la Fundación para el Desarrollo de la Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, Olga de Obaldía, añadió otra capa de alerta. Subrayó que cualquier modificación a los Códigos de Derecho debe estar precedida de estudios técnicos, consultas públicas y la participación de expertos, universidades, gremios y organismos como la Corte Suprema, el Colegio Nacional de Abogados, el Ministerio Público y la Procuraduría de la Administración.
LP/Carlos Vidal
“Normas de este tipo no pueden aprobarse sin un análisis profundo. Podrían entrar en conflicto con derechos fundamentales y generar precedentes peligrosos. No es conveniente que sean propuestas con posible desconocimiento del sistema y del derecho”, dijo, enfatizando la necesidad de transparencia y responsabilidad en la elaboración de leyes.
Obaldía recordó que los efectos de la propuesta no se limitan a un individuo. “Se requiere un análisis exhaustivo de penalistas y constitucionalistas porque impactará no solo a una persona, sino a todo el país y a todo el sistema penal”, advirtió, llamando a la ciudadanía y a los legisladores a evaluar las implicaciones legales y sociales antes de aprobar la norma.
El conflicto
Otras figuras, como la exdiputada y exprocuradora Ana Matilde Gómez, también manifestaron su posición. “A mí no me quedaría duda de que esto busca beneficiar a Martinelli”, sostuvo, señalando la cercanía de Acosta y Camacho con el expresidente condenado.
El historial de los protagonistas refuerza la percepción de conflicto de intereses: Acosta fue abogado de Martinelli y Camacho uno de sus voceros durante su mandato. Esta conexión alimenta la desconfianza sobre la verdadera intención detrás del proyecto de ley.
Ricardo Martinelli fue condenado a 10 años y ocho meses de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business. La Corte Suprema confirmó la sentencia en 2024, convirtiéndolo en el primer expresidente panameño con una condena en firme por corrupción. Actualmente, se encuentra asilado en Colombia, mientras la propuesta legislativa amenaza con abrir nuevas vías procesales que podrían modificar su situación.
