Ante la aplicación de la política migratoria de Trump, hay gobiernos latinoamericanos que tienen algo que hacer, otros que tienen poco que hacer y algunos que lo único que pueden hacer es hablar. Entre estos últimos figuran los de las vecinas Honduras y Nicaragua, cuyos ciudadanos residentes en la Unión Americana que gozaron durante décadas del amparo del Estatus de Protección Temporal sufren ahora una fulminante fragilidad jurídica.
La presidente hondureña, Xiomara Castro, habla de mantener un diálogo «abierto y franco con Estados Unidos, buscando una salida humana con el fin de evitar una expulsión masiva», pero, a menos que la administración republicana decida pasar de cien a cero en la ejecución de su proyecto de seguridad nacional y de reducción de la población inmigrante, la incidencia del gobierno vecino será de cero.
Difícilmente Honduras transitará de la prudencia diplomática que exhibe en estos días a la locura madurista de tachar como delito la extinción del TPS, o de acomodar de un modo tan ridículo la narrativa para decir que la medida fue una estrategia «para atraer migrantes de Venezuela» y no una consideración con la población de ese país para extenderle un puente de salida ante la represión, el terrorismo de Estado y la destrucción de la democracia firmada desde Caracas.
La dinámica establecida por Trump desde que asumió su segundo período presidencial disuade a la mayoría de gobiernos en el vecindario de aumentar la temperatura de la conversación. Aunque sea obvio que en varios de los grandes temas Latinoamérica y los Estados Unidos de América se encuentran en polos opuestos, es poco probable que otro mandatario que no sean los tiranos de los países con deterioradas o ninguna relación con los norteamericanos vayan a meterse a un concurso de gritos y filípicas con el republicano.
Es que, en los cálculos, aunque el presidente estadounidense parezca volátil e impredecible, hay unas líneas gruesas y repetidas en el modo en que dirimió los conflictos con otros gobiernos, y la aspereza y el pragmatismo descarnado fueron el denominador común. Por eso, la cordialidad que exhibió en los últimos meses con el mandatario salvadoreño, las expresiones hasta cariñosas que tuvo para el régimen cuscatleco y los servicios carcelarios que le fueron brindados a la fecha no deben ser confundidos como garantía del desenlace del TPS el próximo año, luego del vencimiento de su más reciente extensión.
La diáspora salvadoreña debe entender que la profundidad de sus temores, que la ansiedad de los últimos meses, no influirá en el tenor de esa comunicación de su gobierno, ni siquiera si la plática sobre el Estatus de Protección Temporal se tensiona. Y por eso mismo, porque, pese a la importancia de esa enorme comunidad en la economía y en la política electoral nacionales, su agenda y contenido no encontró ni encontrará un eco que le haga completa justicia en el tono, tesitura ni especificidad temática, es su responsabilidad encontrar un vehículo autónomo que le permita participar de un modo auténtico en la conversación en el país.
El único modo en que la nación salvadoreña enfrente sus ingentes retos con lucidez y posibilidades es entendiéndose y reconociéndose como una, y construyendo una agenda integradora en la que las preocupaciones y urgencias de los ciudadanos que residen fuera del territorio sean igual de importantes que las de quienes viven en el país. Unos y otros, todos, requieren de herramientas que recojan su agenda sin la sofisticada aproximación de la política tradicional, sino con el vigor y calor auténticos con que pujan por un mejor futuro.
