El estado de sitio vigente en Guatemala desde el 18 de enero pasado ha dado resultados que las autoridades califican como contundentes: los homicidios se redujeron en 50 % y los casos de extorsión bajaron 25 %, mientras que las tentativas disminuyeron un 33 %, según cifras oficiales.
La medida, decretada tras los motines simultáneos en tres cárceles del país y el asesinato de 11 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), culminará el 18 de febrero, pero ya ha permitido avances notables, según el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.
Entre el 18 de enero y el 9 de febrero, las fuerzas de seguridad realizaron 3,548 operativos que dejaron 2,998 detenidos. Entre ellos figuran 78 pandilleros —considerados terroristas según la ley guatemalteca—, 100 extorsionistas y seis individuos requeridos por Estados Unidos con fines de extradición por delitos de narcotráfico.
“Esta estrategia de seguridad demuestra que hoy tenemos más tranquilidad”, señaló Villeda en conferencia de prensa. También destacó la desactivación de 15 cámaras de videovigilancia que operaban de forma clandestina en zonas populares de la Ciudad de Guatemala, instaladas por grupos criminales para vigilar a la población.
El presidente Bernardo Arévalo indicó que el estado de sitio permitió cortar las comunicaciones entre reos y sus cómplices en las calles, lo que calificó como un paso clave para «romper estructuras de alta peligrosidad». Aseguró además que los operativos fueron ejecutados de forma «quirúrgica» para no alterar la normalidad de la ciudadanía.
Uno de los logros estructurales derivados de la crisis penitenciaria fue la finalización del primer censo nacional de personas privadas de libertad. El lunes, las autoridades concluyeron el registro biométrico y digital de los 23,837 internos en las 24 cárceles del país, incluidos 2,545 integrantes de pandillas. Villeda subrayó que esta medida “no tiene precedentes” y que sirvió para verificar identidades y descartar casos de suplantación.
Este censo fue impulsado luego de la fuga de 20 miembros del Barrio 18 del penal de máxima seguridad Fraijanes 2, ocurrida en octubre del 2025. Según Arévalo, la iniciativa forma parte del plan para recuperar el control institucional de los centros penitenciarios, como parte de la implementación de la Ley Antipandillas, vigente desde noviembre del 2025.
Dicha ley define a estructuras como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha como organizaciones criminales transnacionales y terroristas, y contempla sanciones más severas por extorsión y reclutamiento de menores.
Estado de sitio: cifras oficiales
- Del 18 de enero al 9 de febrero de 2026
- 95 homicidios menos que en el mismo período de 2025
- (reducción del 50 %)
- 32 % menos extorsiones reportadas
- 2,998 capturados durante 3,548 operativos
- 78 pandilleros
- 100 extorsionistas
- 6 extraditables
- 15 cámaras ilegales desactivadas en la capital
- Primer censo penitenciario finalizado
- 23,837 privados de libertad
- 2,545 pandilleros identificados
- Cotejo biométrico con Renap para descartar suplantaciones
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