Santiago de Cuba.–Sin esperarlo, aunque el grito de «aaallo» resonó, María tuvo la desdicha de recibir un latigazo en su espalda: «era para un caballo, pero, por lo largo del fuete, me impactó, y el cochero siguió su rumbo muy mal entonado, ante el asombro de todos los que transitaban por La Alameda santiaguera».
Sucesos como este suelen suceder en las ciudades y pueblos de la provincia oriental, desde que los vehículos de tracción animal comenzaron a suplir, en los años 90, muchas de las necesidades de la transportación de pasajeros. Son miles los que ejercen la actividad —no pocos de manera informal—, y que violan precios y señales del tránsito y las arterias por las que se les está vedado circular.
LA NECESIDAD, ¿JUSTIFICA EL ABUSO?
El uso de caballos, yeguas y mulos para la transportación de cargas y de pasajeros proviene desde el principio de la dominación colonial española. A la altura del siglo XXI, dada la antigüedad, el estado del parque automotriz y la disponibilidad de los combustibles, se ha convertido en una modalidad altamente valorada, principalmente por su accesibilidad, deviniendo única alternativa para la movilidad diaria de miles de personas.
Sin embargo, desde el comienzo de la presente década, los costos operativos han ido en aumento, beneficiando a los prestadores del servicio, en detrimento de los ciudadanos que lo necesitan para trasladarse.
Así acontece en la ciudad de Palma Soriano, donde las tarifas son constantemente transgredidas, «prácticamente sin freno y, tristemente, sin control», manifestó a Granma Eliecer Moreno González.
Bertha Cuadra Castillo, maestra jubilada, aseguró que ha pasado a ser oportunismo, «pues algunos cocheros se aprovechan de las carencias de la vida para subir el precio del pasaje, además de que violan el estipulado por el Gobierno. A veces prefiero caminar, porque no considero justo pagar esos altos precios por tramos que no sobrepasan las cinco cuadras».
Nevis Loran Mendoza Cabrera, estudiante de preuniversitario, refirió que ha llegado a gastar diariamente «entre 60 y 70 pesos solo para pagar los coches; ya mi familia no puede costeármelo; mi madre trabaja distante del hogar y, si nos ponemos a sacar cuentas, gran parte de su salario va al bolsillo de los cocheros».
Lo sorprendente es que, generalmente, para no absolutizar, existen precios aprobados para esta actividad que, por solo citar un ejemplo, en el caso de este municipio se fijó para una suma no mayor de diez pesos en moneda nacional; es decir, «oficialmente», los precios del pasaje siguen siendo los mismos.
Sin embargo, los transportistas desconocen el precio establecido entre 10 y 20 pesos por tramo, hasta llegando a cobrar, de un extremo a otro de la ciudad, aproximadamente unos 100 pesos.
De acuerdo con Héctor Carbonell Sardinas, Jefe del Departamento de la Dirección Estatal de Tráfico en el territorio, «nos encargamos de expedir los documentos oficiales de los transportistas, también llamadas licencias de tráfico, basándonos en la legalidad que implican las normas y los procedimientos para prestar el servicio. Esto presupone cumplir tanto con la legislación vigente como con el cobro de los precios establecidos por los consejos de administración municipales (CAM) y el Gobierno Provincial».
En caso de violaciones, lo establecido es la suspensión o cancelación de la licencia de operación del transporte por un periodo de dos años, pero, según estimaciones, en la Ciudad del Cauto transitan «alrededor de 1 500 coches, de estos solo 115 tienen licencia operativa y 20 están en proceso de legalización», destacó Carbonell Sardinas.
Acerca de las sanciones que se aplican por incurrir en abusivos precios a la población, Marbelis Escobar Mora, jefa de Grupo de la Dirección de Inspección —dependencia del CAM encargada de hacer cumplir las tarifas de precios establecidas por este y el Ministerio de Finanzas y Precios—, dijo que, «en caso de comprobarlo por medio de los pasajeros, o ver que se cobra una cuantía mayor a la establecida, le aplicamos el Decreto 30, artículo 7, inciso b, que nos permite sancionar a los cocheros con una multa de 8 000 a 10 000 pesos. Por su parte, en la Gaceta Oficial No. 78 de 2024, se publicó el Decreto-Ley No. 91, que en su artículo 12, inciso j, plantea que violar lo establecido por las autoridades referente a los precios, implica multas de entre 16 000 y 36 000 pesos».
¿QUÉ DICE LA OTRA PARTE?
Con bocas que alimentar, buscan una forma de satisfacer las necesidades de sus hogares. «No queremos subir los precios, pero no podemos seguir trabajando con pérdidas. Cada vez es más difícil mantener una familia y cubrir nuestros gastos», dijo Roberto Pérez Cremata, uno de los transportistas locales.
Rubisel Acosta Sánchez, expresó, angustiado, que «el costo de la alimentación de los animales no es barata; un pomo de miel (alimento fundamental para los caballos) está valorado en la calle en 5 000 pesos, el herraje cuesta unos 500 pesos más, y aunque se quiera, con lo cara que está la vida, no se puede cumplir con la tarifa estipulada».
Sin embargo, aunque estas son realidades concretas que no pueden ignorarse y que tal vez requieran de estudios más profundos, para fijar tarifas que se constituyan en término medio, beneficiosas tanto para los que prestan el servicio como para quienes lo reciben, lo que no puede suceder es que, de forma deliberada e injustificada, sea la mayoría la que pague con su bolsillo las incongruencias del asunto.
OTRAS MIRADAS
El tema de los cocheros no se limita solo a precios disparados, también es preocupante el maltrato que reciben los equinos, a la vista de todos, aunque no parece ser algo que preocupe demasiado.
El Decreto-Ley 31, de Bienestar Animal, del 10 de abril de 2021, establece en su artículo 3, inciso f, que «a los animales de trabajo se les limita el tiempo y la intensidad de su labor, se les ofrece una alimentación reparadora, y se les garantiza el reposo».
Tristemente, esa norma no siempre encuentra cumplimiento en algunos de los propietarios de estos animales.
También urge atender el comportamiento vial de estos conductores, muchas veces sin conocimiento alguno de las leyes del tránsito, y que hacen pasar frecuentes sofocos en la calle.
La cuestión es que hay en este asunto varios cabos sueltos que necesitan ser atendidos para que, verdaderamente, el servicio cumpla sus objetivos, el pasajero se sienta más cliente que víctima de un abuso, y los cocheros tengan más condiciones de trabajo que pretextos para campear con precios de auto de lujo.
