La Fiscalía Anticorrupción atribuyó al exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses, haber incurrido en malos manejos del programa de auxilios económicos, lo que ocasionó una lesión patrimonial por $24 millones.
Durante audiencias que iniciaron a las 12:00 m. d. del martes y culminaron a las 3:00 a. m. del miércoles, la fiscalía explicó que un informe de auditoría realizado por la Contraloría General de la República —entre julio de 2009 y diciembre de 2020— detectó una lesión patrimonial de $24,257,599.
El informe revisó un total de 1,016 expedientes de auxilios económicos, y en 898 de ellos se identificaron incumplimientos con las normas establecidas por el Ifarhu.
Entre las irregularidades detectadas figuran casos en los que los beneficiarios no presentaron certificados de matrícula, diplomas de conclusión de estudios o reportes de avance académico.
Además, la fiscalía reveló que, según entrevistas realizadas a funcionarios del Ifarhu, los auxilios económicos eran autorizados directamente por el entonces director, Bernardo Meneses.
A la vez el informe detalla que el Ifarhu realizó un desembolso de $690 mil a favor de un instituto que ofrecía cursos de inglés en Inglaterra, estos debían darse de manera presencial, pero información obtenida por la fiscalía reveló que algunos se dieron de manera virtual y que los pagos al instituto se hicieron a través de intermediarios, cuando las normas de Ifarhu precisan que deber ser hechos directamente a la entidad que presta el servicio.
En el desarrollo de la audiencia también se mencionó el caso de grupos de estudiantes de la provincia de Bocas del Toro que habrían recibido auxilios económicos por un monto de $500 mil, pero los estudiantes no asistieron a los cursos y no rindieron un informe del uso dados a los recursos entregados por el Ifarhu.
Meneses está imputado por los delitos de enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales y peculado. Por el primero de ellos se ordenó su detención provisional, en los otros dos procesos se le ordenó la medida cautelar de reporte periódico, impedimento de salida del país e impedimento de acercarse a las oficinas del Ifarhu.
Ángel Álvarez, abogado defensor de Meneses, alegó que la fiscalía ha utilizado los mismos elementos para abrir tres procesos distintos, lo que —según dijo— constituye una violación a las garantías fundamentales de su cliente.
Además, aseguró que en los procesos por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, la fiscalía no ha presentado evidencia de los bienes que su cliente habría adquirido con fondos supuestamente mal habidos.
No obstante, tanto la fiscalía como la defensa de Meneses apelaron las medidas cautelares impuestas por los jueces de garantías. Las audiencias para resolver dichas apelaciones fueron fijadas para el próximo 17 de julio.
Durante el desarrollo de las tres audiencias, estuvieron presentes en el recinto familiares y amigos de Meneses, quienes alegaron que las acusaciones presentadas tienen un trasfondo político.
