La gestión de la Comisión Técnica de Desarrollo Académico (CTDA) de la Universidad de Panamá (UP) se encuentra en el centro de cuestionamientos. El catedrático y asesor presidencial Miguel Antonio Bernal solicitó al contralor Anel Flores una auditoría exhaustiva a los fondos administrados por esta entidad, debido a las demoras y prácticas que afectan el sistema educativo del país.
La solicitud surge en medio de crecientes preocupaciones sobre las demoras injustificadas en la tramitación de solicitudes para la aprobación de nuevas carreras y la actualización de planes de estudio en las universidades privadas, lo que está afectando directamente el desarrollo académico y la competitividad de Panamá.
La CTDA es responsable de fiscalizar, aprobar y revisar los programas académicos y planes de estudio de las universidades privadas del país, ya que la UP ejerce la facultad constitucional de supervisar las instituciones de educación superior privadas que operan en el país, con el objetivo de garantizar tanto la calidad y pertinencia de la enseñanza superior como el reconocimiento de los títulos y grados otorgados.
Según la Asociación de Universidades Particulares de Panamá (Auppa), la CTDA no ha cumplido con el plazo legal de 30 días para responder a las universidades, mientras cobra un 50% de la tarifa de tramitación por adelantado.
Para Bernal, estas irregularidades requieren una investigación exhaustiva, que debería involucrar no solo a la Contraloría, sino también al Ministerio de Educación (Meduca) y, en su caso, al Ministerio Público.
El catedrático señaló que la CTDA, presidida por el rector de la UP, Eduardo Flores Castro, y la secretaria ejecutiva, Myrna McLaughlin, está limitando “con premeditación” las acreditaciones de nuevas carreras, lo que afecta gravemente el desarrollo académico del país.
Por su parte, el presidente de la Auppa, José Nieto Rojas, elevó un llamado de atención al presidente de la República, José Raúl Mulino, señalando que el incumplimiento de los plazos establecidos por la Ley 52 de 2015 y el Resuelto 723-AL de 2022 ha provocado un retraso en la aprobación de programas académicos de entre 1 y 3 años. Este estancamiento no solo genera incertidumbre en el sector educativo, sino que pone a Panamá en una posición de desventaja en comparación con otros países de América Latina.
A pesar de las críticas, la CTDA parece haber detenido indefinidamente los procesos de evaluación bajo el argumento de la falta de recursos o expertos, algo que, según Nieto, no justifica los prolongados retrasos que limitan la expansión educativa del país.
En este contexto, la auditoría propuesta por Bernal se presenta como una medida urgente para esclarecer la gestión de la CTDA y garantizar la transparencia en los fondos que maneja. Las universidades privadas de Panamá han manifestado su preocupación por la incertidumbre que genera este panorama, el cual frena su capacidad de ofrecer nuevas carreras y mejorar su oferta académica, afectando directamente a miles de estudiantes.
Mientras Bernal solicita una auditoría a la CTDA de la UP, el Ministerio de Educación (Meduca) está considerando separar e investigar a la secretaría ejecutiva del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa). Esta decisión podría representar un paso adicional en la búsqueda de soluciones para las deficiencias detectadas en la gestión de las instituciones encargadas de la evaluación y acreditación universitaria.
La situación plantea un desafío para las autoridades educativas, quienes deberán tomar decisiones clave para asegurar que el sistema universitario del país siga siendo competitivo y de calidad, sin caer en las prácticas de dilación que hoy están siendo cuestionadas.
