La defensa de Elvia Cabrera Rivera, acusada del asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, radicó este martes una moción en la que solicita al Tribunal de Aibonito la citación como testigo de la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, junto a otros funcionarios y testigos relacionados con la investigación del caso.
Este movimiento ocurre en momentos en que cabe la posibilidad de que la defensa presente un recurso de “habeas corpus” para que la acusada sea dejada en libertad mientras se desarrolla el proceso judicial.
En el documento, al que El Nuevo Día obtuvo acceso, los abogados de la acusada plantean que las personas cuya citación solicitan “conocen de prueba exculpatoria que puede favorecer” a Cabrera Rivera, cuyo juicio está señalado para comenzar el 13 de febrero.
Además de la secretaria de Justicia, la defensa solicitó la citación del capitán Juan Bautista, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, el inspector Robert Ramos, director del CIC de Bayamón, y otros testigos vinculados al caso, según la moción radicada ante el tribunal.
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“Es un derecho que le asiste a la señora Elvia Cabrera constitucionalmente, el citar a testigos que puedan declarar a su favor, incluyendo a múltiples testigos como la secretaria de Justicia o los altos mandos de la Policía porque recordarán que en todo momento manifestaban que los sospechosos y responsables eran menores de edad (…)”, expresó el abogado Alberto C. Rivera, desde el Tribunal de Aibonito.
“Estamos citando a todos los testigos que pudieran esclarecer y demostrar cuál es la verdad de lo que ocurrió, incluyendo a la secretaria de Justicia y al alto mando de la Policía”, agregó.
Sobre este tema, el fiscal Orlando Velázquez indicó que “no he tenido la oportunidad de examinar bien la moción y ver qué es lo que están pidiendo. Sí, vi el nombre de la secretaria de Justicia, pero realmente no puedo abundar más sobre eso, porque no sé en qué contexto ellos están solicitando la comparecencia de ella”.
“No ha lugar” la paralización del juicio
La moción de solicitud de testigos ocurre luego de que ayer, lunes, el Tribunal de Apelaciones declarara “no ha lugar” a la solicitud de orden en auxilio de jurisdicción en la que la defensa pidió, al Apelativo que ordenara la paralización de los procedimientos.
El viernes pasado, el foro apelativo emitió una resolución en la que ordenó a la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito enviar la regrabación de la prueba testifical presentada durante los tres días de la vista preliminar celebrada en octubre de 2025.
En esa resolución, el Apelativo pidió que se enviara la regrabación por correo electrónico, no más tarde del 9 de febrero, a las 12:00 p.m. El Tribunal, a su vez, en ese momento, tomó conocimiento de que “el juicio en sus méritos, en este caso está pautado para comenzar el 13 de febrero de 2026”.
No fue hasta al lunes que el foro intermedio declaró “no ha lugar” al recurso que solicitaba la paralización del juicio.
Radican nuevo certiorari
Ante el dictamen del tribunal, la defensa de Cabrera radicó ayer, lunes, otro recurso de certiorari en el que solicitó que se revoque la determinación del Tribunal de Primera Instancia que declaró causa probable y denegó la desestimación de los cargos, al alegar que el Ministerio Público no divulgó oportunamente evidencia exculpatoria y favorable a la acusada.
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Según el recurso, los abogados argumentan que la omisión de esa evidencia —que incluye entrevistas de testigos con conocimiento personal de los hechos, declaraciones que contradicen la teoría fiscal y material que podría impugnar la credibilidad de testigos del Estado— afectó el carácter adversativo de la vista preliminar y el derecho al debido proceso de ley de la acusada.
“Nosotros presentamos ayer el otro certiorari, que es el de habernos dado tardíamente y no de manera oportuna, múltiples evidencias exculpatorias. El Tribunal reconoce que al menos hay dos de esas evidencias que nos debieron haber entregado. A nuestro juicio, la que nos dieron hoy también, no las debieron haber entregado y todavía nosotros no hemos podido por cuestión de tiempo, solicitar la paralización al amparo de este nuevo certiorari”, expresó el abogado Rivera.
“En horas de la tarde o mañana en la mañana, tenemos que presentar un escrito para convencer al tribunal de por qué esto es un asunto tan serio que deberían paralizar los trámites”, anticipó.
La defensa sostiene que, de haberse divulgado oportunamente esa información, la determinación de causa probable podría haber sido distinta, por lo que solicita al foro apelativo revocar la resolución recurrida y desestimar las acusaciones contra Cabrera Rivera.
¿Por qué la defensa acudió inicialmente al Apelativo?
Los licenciados Mayra López Mulero, Alberto C. Rivera Ramos y Yancarlos Maisonet, representantes legales de Cabrera Rivera, acudieron el 30 de enero al Tribunal de Apelaciones para impugnar una determinación de la jueza Paola N. Morales Vélez, quien había denegado una petición de desestimación de cargos, pero reconoció que existía evidencia exculpatoria o favorable que no se entregó a la defensa a tiempo.
Los abogados sostienen que la controversia incide sobre los derechos constitucionales de la acusada, particularmente el debido proceso de ley, y han advertido que permitir que el caso continúe mientras se atiende la apelación podría afectar la eficacia del recurso.
Según el planteamiento de la defensa, la prueba presentada en la vista preliminar no vincula directamente a Cabrera Rivera con la agresión ni establece coordinación con su coacusada.
Como parte del trámite, el Tribunal de Apelaciones había emitido previamente una resolución el 3 de febrero asumiendo control activo del procedimiento y fijando términos obligatorios para las partes.
La defensa indicó, además, que el juez Luis Barreto Altieri señaló el comienzo del juicio para el 13 de febrero de 2026 a la 1:30 p.m. y expresó que, de no existir una orden de paralización por el Apelativo, la presentación del recurso no detendría los trámites procesales de selección de jurado.
Los abogados sostienen que permitir que el proceso continúe a nivel de juicio sería contrario a derecho, al mantener —según argumentaron— acusaciones que carecen de base probatoria mínima, en alegada contravención a la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal.
De acuerdo con el planteamiento de la defensa, el récord de la vista preliminar refleja que los cuatro testigos presentados por el Ministerio Público no ubicaron a Cabrera Rivera infligiendo heridas, no identificaron un arma blanca en su posesión ni establecieron coordinación o designio común con la coacusada Anthonieska Avilés Cabrera.
A base de ello, insistieron en que el foro apelativo debe evaluar si el tribunal de instancia debió decretar la desestimación de las acusaciones por ausencia total de prueba.
El caso está relacionado con el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, ocurrido el 11 de agosto de 2025, durante una disputa cerca del casco urbano de Aibonito. En el incidente, la joven fue herida con un arma blanca. También resultó herido un adolescente de 16 años, quien se recuperó y figura entre los testigos del Ministerio Público.
Por estos hechos, además de Cabrera Rivera, también enfrenta dos cargos su hija, Anthonieska Avilés Cabrera, por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas por el presunto uso de arma blanca.
