Por: Unidad de Investigación Judicial
Lo que comenzó como una serie de querellas aisladas en Cali y Chía ha revelado un entramado de «terrorismo judicial» sin precedentes en Colombia con mas de diez años de historia.
Las hermanas Ana María y Marcela González Olaya, bajo la dirección de su madre, Rosalía Olaya Pimentel, han consolidado un modus operandi que utiliza el derecho penal no para buscar justicia, sino como una herramienta de extorsión, despojo de bienes y silenciamiento de la prensa y profesionales de la salud.
1. El Brazo Legal: Ana María González y la Instrumentalización del Sistema
El análisis del sistema de información de la Fiscalía —documento clave en esta investigación— revela que la abogada Ana María González Olaya (C.C. 1.144.029.718) lidera una ofensiva de acoso judicial sistemático.
Saturación de Querellas: Bajo la Noticia Criminal 760016000199202454253, se registra una actividad incesante en delitos de Injuria (Art. 220 C.P.).
Ana María utiliza el procedimiento abreviado de la Ley 906 para saturar a fiscales y jueces con denuncias contra periodistas, buscando el desgaste emocional y económico de quienes se atreven a investigarlas.
Depredación en el Sector Salud:
La investigación revela una táctica aberrante: la abogada presuntamente asiste a consultas médicas a través de su EPS para luego denunciar a los profesionales por acoso sexual o violación.
Este «patrón de victimización simulada» busca forzar acuerdos económicos o compensaciones legales, convirtiendo la atención médica en una trampa judicial.
Antecedentes de falsa denuncia:
Su historial incluye el intento de destruir la carrera del cronista Antonio Morales, a quien acusó falsamente de violación; proceso que fue archivado en 2017 al confirmarse la absoluta inexistencia de pruebas.
2. Marcela González: fraude procesal, estafa y extorsión
Mientras Ana María bloquea a los críticos desde lo legal, su hermana Marcela González Olaya opera en el terreno criminal.
Sobre ella pesan graves investigaciones por: Fraude Procesal y Falsedad: Documentos obtenidos confirman que Marcela ha suplantado funciones de administración en conjuntos residenciales en Chía (como San Miguel San Valentín) para facilitar actividades de subarriendo e inquilinatos ilegales.
Despojo de Inmuebles y extorsión:
Se le investiga por el presunto despojo de inmuebles mediante el uso de denuncias falsas de violencia intrafamiliar para lograr el desalojo de propietarios legítimos —como ha ocurrido con el periodista Gustavo Rugeles— y así tomar control físico de las propiedades.
Rastros en la Fiscalía: Marcela acumula registros por Estafa Agravada y Fraude a Resolución Judicial, demostrando un desprecio total por la autoridad.
3. Modus Operandi: El «Teatro de la Victimización»
El clan actúa en bloque con un guion preestablecido. Rosalía Olaya Pimentel, la madre, actúa como testigo falso para otorgar una pátina de credibilidad a relatos fabricados por sus hijas.
Desde la psiquiatría forense, el uso de micro-expresiones de dolor y el «llanto instrumental» son identificados como rasgos de manipulación psicopática.
Esta estrategia les permite engañar temporalmente a comisarías de familia para obtener medidas de protección expeditas que luego usan para amparar sus estafas inmobiliarias.
4. Una Amenaza a la Libertad de Prensa y la Fe Pública
La peligrosidad de las González Olaya radica en su capacidad para detectar vacíos judiciales. Al denunciar a periodistas y médicos por delitos de naturaleza sexual o violenta, buscan la censura previa.
Saben que el estigma social de estas acusaciones puede silenciar las investigaciones sobre su red de estafas. Es un ataque directo a la libertad de expresión y al ejercicio libre de la medicina.
Ni siquiera las autoridades públicas se salvan de la extorsión judicial. La investigación arrojó las hermanas González Olaya han presentado falsas quejas y denuncias contra varias Comisarías de Familia de Chia, notarios, magistrados y hasta autoridades de Policía que no se han prestado para sus planes delictivos.
La justicia colombiana enfrenta el reto de sancionar la litigancia temeraria. Las pruebas que reposan en los archivos de la Fiscalía y la Comisión de Disciplina Judicial y los testimonios de víctimas coinciden: el clan González Olaya es una organización dedicada al delito de «cuello blanco» y al acoso procesal.
La seguridad jurídica de ciudadanos y profesionales está en riesgo mientras este patrón de conducta no sea frenado por el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación.
