La jornada electoral del 1 de febrero de 2026 en Costa Rica ha marcado un hito en la historia política del país. Con casi la mitad de los votos válidos, Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano, ganó en primera vuelta, superando el umbral del 40 por ciento requerido para evitar un balotaje.
Esta victoria no solo consolida el legado del presidente saliente Rodrigo Chaves, sino que refleja un giro consolidado hacia la derecha en una nación tradicionalmente centrada en el consenso y la estabilidad democrática.
Fernández, politóloga de 39 años, se convertirá en la segunda mujer en asumir la presidencia el 8 de mayo, respaldada por una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, donde el PPSO obtuvo 30 de los 57 escaños. Este escenario postelectoral promete una gobernabilidad fluida, pero también plantea interrogantes sobre el equilibrio de poderes y la profundización de las políticas conservadoras.
El ascenso de la derecha en Costa Rica no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una confluencia de factores internos que han erosionado la confianza en los partidos tradicionales. En primer lugar, la inseguridad ha sido el catalizador principal. El país, antaño un oasis de paz en Centroamérica, ha experimentado un aumento alarmante de homicidios vinculados al narcotráfico, con disputas entre bandas que han permeado incluso zonas urbanas.
La administración Chaves respondió con medidas de “mano dura”, como estados de emergencia y reformas penales, que resonaron en un electorado hastiado de la impunidad. En el plano económico, el gobierno saliente presume logros contundentes: un crecimiento del PIB del 5 por ciento en 2025, la reducción del desempleo del 13 por ciento al siete por ciento, una inflación negativa y la caída de la pobreza.
Estos avances, atribuidos a políticas liberales como la atracción de inversión extranjera y la contención fiscal, contrastan con el estancamiento percibido bajo administraciones previas del Partido Liberación Nacional (PLN), que obtuvo solo el 33 por ciento con su candidato Álvaro Ramos.
Además, el rechazo a la corrupción endémica en los partidos históricos ha impulsado un voto de castigo, fragmentando la oposición en más de 20 candidaturas y permitiendo al PPSO capitalizar el descontento. El discurso de Fernández y de su partido encapsula esta transformación ideológica. Fundado en 2022 como una fuerza liberal en lo económico y conservadora en lo social, el PPSO promueve la continuidad del “rodriguismo”: un gobierno de “diálogo y concordia nacional” enfocado en el bienestar, pero con un énfasis punitivo en la seguridad.
Fernández ha prometido decretar estados de excepción en áreas conflictivas, reformar el Poder Judicial para agilizar procesos contra el crimen organizado y completar una megacárcel de máxima seguridad, inspirada en El Salvador. Este populismo punitivo, que critica a la oposición como “obstruccionista y saboteadora”, se complementa con propuestas económicas audaces, como la venta de activos estatales —incluido el Banco de Costa Rica— y la construcción de un tren eléctrico metropolitano.
Sin embargo, este enfoque levanta preocupaciones: su conservadurismo social podría tensionar temas como los derechos LGBTQ+ o el aborto, mientras que la búsqueda de una mayoría calificada para reformas estructurales evoca temores de concentración de poder, en un país con una tradición de balances y contrapesos.
Este triunfo costarricense se inscribe en un patrón más amplio en el istmo centroamericano, donde el ascenso de la derecha responde a crisis compartidas de inseguridad, bajo crecimiento económico y polarización política. Esta tendencia regional, marcada por la fragmentación del centro y el auge de extremas derechas, se ve amplificada por factores globales como el “factor Trump”, que fomenta alineamientos conservadores y políticas hemisféricas de seguridad.
Para Costa Rica, esta victoria implica oportunidades de estabilidad económica y de combate al crimen, pero también riesgos de erosión democrática si el poder se concentra. El istmo, en su conjunto, enfrenta un dilema: ¿pueden estas derechas emergentes resolver las raíces estructurales de la inseguridad sin sacrificar libertades? El futuro demandará vigilancia ciudadana para que el progreso no derive en autoritarismo. En una región volátil, Costa Rica podría servir de faro o de advertencia.
