El Diccionario de la Real Academia Española define el filibusterismo como “obstruccionismo parlamentario”. Sin embargo, en el ambivalente diccionario político que maneja la bancada de diputados del gobierno, el filibusterismo se define como una práctica detestable cuando la ejercen los demás partidos, pero perfectamente legítima –casi patriótica– cuando la aplican ellos mismos.
La contradicción se confirma al revisar su historial: en al menos siete ocasiones, la fracción de gobierno hizo filibusterismo para frenar proyectos que no respalda y, pese a estos antecedentes, ahora el jefe de los legisladores oficialistas, Daniel Vargas, arremete contra el Frente Amplio (FA) por recurrir a la misma táctica en el trámite de la reforma que pretende introducir en el Código de Trabajo las jornadas excepcionales de 12 horas durante cuatro días, más tres de descanso (4-3).
Vargas recurre a justificaciones endebles. Reduce el debate a un asunto de números. Sostiene que no es lo mismo obstruir un proyecto con 63 mociones, como lo hicieron ellos cuando se discutía el plan de vuelos baratos a Centroamérica, que presentar 2.500, como lo hizo FA con las jornadas 4-3. Evita admitir que la técnica es la misma: se usa el Reglamento legislativo para impedir el avance de iniciativas. La única diferencia es quién la aplica. Cuando son ellos, aducen “defensa del interés público”. Viniendo de otros es obstruccionismo. Esa doble vara expone un discurso a conveniencia.
El 8 de setiembre, en una entrevista con la Revista Dominical de La Nación, Vargas criticó a los frenteamplistas diciendo que “el país no merece eso. El país merece que prevalezca la democracia, la voluntad de las mayorías. Ese es el principio de la democracia, no es el consenso absoluto”.
Su discurso democrático suena muy sensato, pero olvida que, además de los vuelos baratos a Centroamérica, su bancada amenazó o aplicó filibusterismo contra los proyectos para trasladar a los médicos especialistas de la CCSS al salario global y para impedir que la Unidad Especial de Intervención (UEI), que opera bajo el mando de la Casa Presidencial, pasara al Ministerio de Seguridad Pública. Igualmente, lo usó contra la propuesta de excluir al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de los límites de la Ley Marco de Empleo Público, con el fin de evitar la renuncia de personal especializado. Solo la diputada Pilar Cisneros lo torpedeó con 158 mociones, con la advertencia de: “Trataremos a toda costa de evitar esta reforma”. Ella también frenó el proyecto para crear el parque urbano Lorne Ross, en Santa Ana, cuando prometió “paralizar el plenario” por el tiempo que fuera necesario con tal de que no pasara ese plan, pues, en su lugar, quiere imponer un parque acuático similar a uno existente en Lima, Perú.
A esto se suma el bloqueo a la creación de un fondo de auxilio para los arroceros afectados por la Ruta del Arroz –primero, en marzo, con 67 mociones del propio Vargas, y ahora, con 53 mociones de Alexánder Barrantes– y el muro levantado con 85 mociones para impedir la actualización del impuesto a las frecuencias de radio y televisión.
Estos siete casos bastan para evidenciar cuán ambiguo es el diccionario político del oficialismo cuando habla de filibusterismo. Se trata, sin duda, de una práctica cuestionable, y lo mínimo que debería esperarse de una fracción que proclama querer desterrarla es que empiece por no aplicarla.
Lo ético –y también lo responsable– no es optar por la obstrucción, sino fortalecer los canales de comunicación con los adversarios, abrir espacios de diálogo y apostar por la negociación como el camino legítimo para conciliar posiciones y alcanzar acuerdos. Al fin y al cabo, la política no se sostiene sobre bloqueos, sino en la capacidad de negociar, y es esa negociación la que nutre y mantiene viva a la democracia.
Sin embargo, el gobierno y su fracción no demuestran tener intenciones de construir consensos. El mismo presidente Rodrigo Chaves lo advirtió desde el 11 de abril de 2023, cuando afirmó que no tendería puentes con las fracciones de oposición que, a su juicio, solo buscan “fregar y obstruir”. Su alternativa fue categórica: “Prefiero dinamitarlos”. Hoy, esa estrategia pasa la factura a un oficialismo que llegó con apenas 10 diputados y que, lejos de crecer mediante acuerdos, se encuentra cada vez más disminuido y aislado en el plenario legislativo.
Normalizar el filibusterismo es un error con consecuencias graves, pues paraliza la labor legislativa, alimenta la frustración ciudadana y debilita la imagen del Congreso hasta proyectarlo como inútil. Los costarricenses no podemos caminar hacia ese abismo. El uso habitual de esta práctica, además, deslegitima a la Asamblea Legislativa como espacio de debate y decisión, al erosionar la confianza ciudadana en la institución llamada a representar la pluralidad democrática.
Lo que corresponde es que las fuerzas políticas –empezando por el gobierno– prioricen la negociación como única vía para buscar consensos y resolver desacuerdos. Más diálogo y menos dinamita.
