La discusión sobre el financiamiento de la política es uno de los ejes de debate en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE). Representantes de la sociedad civil advierten que los partidos han cerrado filas frente a propuestas que buscan reducir el subsidio electoral, el costo de las campañas y fortalecer los mecanismos de fiscalización, en un escenario donde el subsidio electoral se disparó en 625% desde 1997 a 2024.
En 1997 se incorporó la figura del financiamiento público al Código Electoral. Mientras que en 2024 se celebraron las elecciones generales de 2024.
LP/Carlos Vidal
Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, recordó que la norma vigente obliga a destinar el 1% de los ingresos corrientes del Estado del año anterior a los comicios, al financiamiento público electoral.
Esa fórmula, dijo, produjo que en 1997 se repartieran cerca de $15 millones, mientras que en 2024, año en que se celebraron las últimas elecciones generales, la cifra alcanzó los $109 millones. “Representa un crecimiento del 625%, pero el padrón electoral de 1997 a la fecha ha crecido en un 33%. No parece haber una correlación entre la cantidad de dinero y la calidad de nuestra democracia y el acceso a la participación a través de los partidos políticos”, manifestó De Obaldía en entrevista con La Prensa.
Es decir, se incrementó en $94 millones.
Foto: Cortesía Tribunal Electoral
De Obaldía insistió en que el financiamiento público cumple un rol democratizador, pero requiere ajustes en un país con crecientes demandas sociales. “Dado que hay tantas necesidades en el país, que la ciudadanía está reclamando tantos servicios de parte del Estado (…) hemos propuesto que esa cantidad se baje”, afirmó.
Carlos Gasnell, también de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, añadió que la propuesta de la sociedad civil en este tema es la de reducir el subsidio a la mitad. “Estamos pensando que $60 millones es suficiente para ese financiamiento pre y post electoral de la política (…) si realmente nos concentramos en lo importante, puede ser reducido a la mitad sin ningún problema”, sostuvo.
Partidos políticos no quieren cambios
El abogado cuestionó el poco entusiasmo de los representantes de los partidos políticos a discutir cambios de fondo. “Se han opuesto en bloques, en otros casos ha habido abstenciones que para efecto de la contabilización de los votos tiene el mismo efecto. Lo que hemos sentido es que no ha habido suficiente debate sobre las ideas (…) esa reducción de los excesos de dinero justamente para evitar que el crimen organizado penetre las campañas políticas”, advirtió.
La Comisión Nacional de Reformas Electorales se reúne cada jueves a las 4:00 p.m. en la sede principal del Tribunal Electoral.
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Otro punto neurálgico en este debate es la falta de control sobre las donaciones privadas. Gasnell explicó que los informes presentados por partidos y candidatos revelan gastos muy por debajo de los topes permitidos, lo que genera sospechas de subregistros. “Fue muy llamativo que (en la CNRE) se manejara ese concepto de subregistro de información que debía estar y no estaba y desde luego que tiene que otorgársele más herramientas a la dirección de fiscalización para que realice su trabajo”, dijo.
Las propuestas de crear listas de donantes estatales, de personas condenadas o impedidas legalmente, y de fortalecer la capacidad de cruce de información en la Dirección de Financiamiento Político fueron rechazadas.
LP/Carlos Vidal
La participación política de las mujeres
Desde la sociedad civil también se impulsaron incentivos para garantizar mayor participación de las mujeres en las campañas. Sin embargo, esas iniciativas tampoco prosperaron. “El tema del financiamiento político es una de las mayores barreras para que las mujeres puedan participar en condiciones de equidad (…) esas iniciativas que llevamos tampoco fueron aprobadas”, lamentó De Obaldía.
LP/Carlos Vidal
Ambos entrevistados coincidieron en que la CNRE no debe convertirse en un trámite formal, sino en un verdadero espacio de reflexión. Gasnell lo resumió así: “Nos interesa mucho que la gente lo entienda de esta manera, la ciudadanía. (…) Lo que está haciendo [el Tribunal Electoral] es compartir esa iniciativa con diferentes sectores de la realidad nacional para que ese documento ya sea consensuado, sea un documento enriquecido con esa discusión de todos estos sectores”.
De Obaldía, por su parte, insistió en el principio que debería guiar la discusión: “Cuando uno habla de dinero público, debe obedecer a principios del bien común precisamente porque es dinero público y que el dinero público que llega a los partidos si bien ellos lo manejan no es un dinero de ellos, es un dinero de la ciudadanía o del Estado en este contrato social”.
Destino final: la Asamblea
Cuando la CNRE termine sus debates, el Tribunal Electoral llevará su propuesta de ley a la Asamblea Nacional, que tiene la última palabra sobre las reformas al Código Electoral, el conjunto de reglas que define cómo se organizan las elecciones generales. La primera prueba de fuego de este proceso será en la Comisión de Gobierno, presidida por el diputado oficialista Luis Eduardo Camacho.
Foto: Captura de pantalla TVL
