La creación de la Intendencia de San Salvador
Con las transformaciones en la administración política de las colonias españolas en América, la Alcaldía Mayor de San Salvador, que se encontraba conformada por las provincias de San Salvador, San Vicente de Austria y San Miguel, se erigió a la categoría de intendencia por Real Cédula del 17 de septiembre de 1785. En 1786 se constituyó la Intendencia de San Salvador, siendo su primer gobernador-intendente el Oidor de la Audiencia de Guatemala, D. José Ortiz de la Peña. Esta jurisdicción se designó Intendencia-Corregimiento, pues no se trataba de un mando de tipo militar. A partir de ello, la Intendencia de San Salvador se dividió en cuatro partidos: el de Santa Ana, San Salvador, San Vicente y San Miguel, sustituyéndose el apelativo de provincias por el de partidos, como consta en las Ordenanzas dadas para el establecimiento de las intendencias.
Al establecerse la Intendencia, el Rey insistía en que con el nuevo sistema se provocaría en las tres provincias de la antigua Alcaldía Mayor de San Salvador un crecimiento en el cultivo y producción de sus frutos, especialmente del añil; esto haría que prosperara el comercio. El sistema de intendencias apremiaba a mejorar las condiciones sociales de los vasallos y, como resultado, a conseguir altos ingresos para la Real Hacienda. Los nuevos funcionarios comenzarían a suprimir los abusos contra las comunidades indígenas por parte de los corregidores y alcaldes mayores, así como a desarticular las redes de corrupción que estos habían instituido a través de los repartimientos de mercancías. (1)
Como es sabido, el grupo mercantil guatemalteco monopolizaba el comercio exterior de exportación e importación; asimismo, ejercía un control abusivo sobre la mayoría de los circuitos mercantiles del Reino de Guatemala. Esta situación establecía un monopolio con una lógica de régimen de explotación por parte de la capital sobre las provincias; este expolio generaba un alto grado de resentimiento entre las élites provinciales. Ese antagonismo y conflicto eran rasgos propios de las relaciones entre las élites terratenientes y mercantiles de las provincias contra el capital comercial guatemalteco, y estos, a su vez, forjaron y agudizaron los localismos (2). Así, se abrieron hendeduras en las que se supuso la posibilidad de autonomías locales y regionales respecto a la administración colonial española.
Las reformas borbónicas se convirtieron en el último esfuerzo de la Corona española, con el objetivo de robustecer y “modernizar” su control en América, y a la vez, en el precursor de las independencias americanas. El poder de las élites económicas y religiosas americanas provocó que algunos sectores sociales se distinguieran a sí mismos como diferentes; reconocerse como heterogéneos se manifestó en diversos niveles y momentos. Así, los “españoles americanos” descubrieron las grietas que los alejaban de la península. De igual manera, las élites provinciales tomaron consciencia de las contradicciones que los conducirían a confrontar a la élite guatemalteca cada vez más. Las autoridades monárquicas pactaron con los comerciantes de Guatemala, normalmente inmigrantes recién llegados, para aminorar a la élite tradicional criolla. La Corona fue ineficaz en transgredir el dominio de los comerciantes; muchas de las medidas tomadas por los intendentes fueron en detrimento de las provincias y prósperas para los comerciantes guatemaltecos. La entereza de los añileros y la mediación de las autoridades reales a su auxilio no redujeron el problema; más aún, lo agravaron, lo que fue resentido posteriormente. Los cabildos jugaron un papel primordial en el sistema de gobierno colonial; desde allí se reconocían los intereses locales. Su derecho a requerir y solicitar ante el Rey directamente les dio ventaja sobre los demás ciudadanos. Con todo ello, la toma de decisiones en materia política reiteradamente reflejaba los intereses de las familias más poderosas del Reino de Guatemala, y no así los intereses de las comunidades en general. La gran capacidad política de las élites familiares dependía cada vez más de alianzas particulares y matrimoniales, y de las actividades comerciales entre las mismas familias y con los distintos integrantes del aparato burocrático real, en el camino de imponer sus intereses.
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[1] Herrera, Sajid Alfredo. La idea borbónica de buen gobierno en las poblaciones: La Intendencia de San Salvador (1786-1808). En: Mestizaje, poder y sociedad. Ana Margarita Gómez y Sajid Alfredo Herrera, compiladores, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Programa El Salvador, 2003, p. 97-106.
[2] Acuña Ortega, Víctor. Informe del Consulado de Guatemala sobre las causas que tienen obstruido el comercio y los medios de removerlas, 1789. En: Anuario de estudios Centroamericanos, vol. 9, Universidad de Costa Rica, 1983, p. 124.
