Por unanimidad, con 474 votos, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum para otorgar al Congreso de la Unión la facultad de expedir una Ley General contra el Delito de Extorsión y establecer la persecución de oficio a dicho acto ilícito.
La Mesa Directiva, encabezada por la legisladora panista Kenia López, remitió el proyecto de decreto al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.
De acuerdo con la reforma al artículo 73 de la Constitución Política, la nueva ley permitiría unificar en todo el país el tipo penal de extorsión, así como sus agravantes, delitos vinculados y sanciones, a fin de prevenir, investigar y castigar dicha conducta, eliminando los vacíos legales en la materia.
Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en tribuna, el legislador morenista Leonel Godoy advirtió que la incidencia del delito de extorsión ha crecido 58 por ciento en tan sólo seis años, al pasar de un promedio diario de 19 casos en 2018 a 29 en enero de 2025.
“Las estafas telefónicas y el cobro de piso son las dos principales modalidades de extorsión, y deriva en que los comercios, carreteras, negocios, huertas, ganadería, toda la actividad económica, incluso la más pequeña, está siempre presionada por el delito de cobro de piso”, remarcó.
Por el PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez subrayó que la cifra de extorsiones ha crecido de forma exponencial, pues en los primeros diez meses de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se registraron 9 mil 21 casos, en contraste con el mismo periodo de las administraciones de Andrés López Obrador (7 mil 249), Enrique Peña Nieto (6 mil 792) y Felipe Calderón (2 mil 599).
“La extorsión no es una cuota, es un impuesto criminal que cobra la delincuencia por vivir y trabajar. Le pega a la tiendita, al taxi, al taller, a la panadería, a la farmacia y al campo. Hoy venimos a decirlo de forma clara y contundente: lamentablemente este delito ha crecido, se ha normalizado y está asfixiando la libertad de miles de familias”, acusó.
Detalló que los datos duros revelan que las cinco entidades con más casos entre 2018 y 2025 son el Estado de México, con 23 mil 563 carpetas de investigación, seguido por Veracruz, con 6 mil 12; Nuevo León, con 5 mil 013; Jalisco, con 4 mil 866, y Ciudad de México, con 4 mil 428.
En representación del grupo parlamentario del PRI, el legislador Alejandro Domínguez dijo que la extorsión se ha convertido en un flagelo nacional, con un crecimiento sostenido que coloca a miles de familias mexicanas en una situación de indefensión.
“Según la Encuesta Nacional de Victimización 2023 del INEGI, la cifra negra de este delito alcanzaba el 97.2 por ciento. Apenas uno de cada diez víctimas se atreve a denunciar, esto nos muestra verdaderamente la magnitud de la desconfianza y el miedo que rodea a este fenómeno”, alertó.
En su exposición, la iniciativa presidencial señala que una problemática para el combate eficaz de este delito a niv es la falta de homologación de las penas, pues actualmente los códigos penales federal y locales establecen un promedio de pena mínima de cuatro años con seis meses y doce años de pena máxima, rango que evidencia una discrepancia aritmética notable entre las penas previstas.
Mientras que en el ámbito federal la penalidad es de dos a ocho años, en Oaxaca las penas van de uno a tres años, y en Chihuahua oscilan entre 5 y 30 años, por citar algunos ejemplos, precisa.
EHR
