La presencia del diputado de Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, en la presidencia de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, por segunda ocasión consecutiva, parece marcar, según diversas voces, una agenda: frenar los proyectos de ley relacionados con el combate a la corrupción.
En la Comisión de Presupuesto hay unas 45 iniciativas de ley, algunas relacionadas con temas de transparencia y lucha contra la corrupción, las cuales no avanzan; sin embargo, en ninguna de ellas se ha visto tanto entusiasmo y diligencia de Camacho como en aquella que proponía amnistía a los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), del Partido Panameñista.
Ese proyecto, impulsado en el pasado periodo por el diputado Jairo Salazar, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), fue rechazado por la Comisión de Gobierno en abril pasado con cinco votos en contra. No obstante, Camacho intentó darle oxígeno a la propuesta mediante un informe de minoría en el pleno legislativo; sin embargo, el tema no fue debatido.
Propuestas ignoradas
Del lado opuesto, hay iniciativas de ley recordadas por la diputada de Vamos, Janine Prado, que no avanzan. Entre ellas se encuentra la propuesta conocida como Ley antibotellas, cuyo objetivo es evitar que personas cobren en el Estado sin trabajar, como ha ocurrido en las últimas décadas.
Prado, quien también integra la Comisión de Gobierno, también hizo referencia a propuestas de ley que buscan la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública, así como la protección de denunciantes en las entidades estatales.
El caso más reciente tiene que ver con los proyectos de ley 291 y 292. El primero propone la adopción de una “Ley General Anticorrupción”, mientras que el segundo modifica artículos del Código Penal relacionados con delitos contra la administración pública. Ambos fueron presentados por el procurador Luis Carlos Manuel Gómez, quien señaló que buscan adecuar el marco penal panameño a los estándares internacionales en materia de prevención y lucha contra la corrupción.
Estas iniciativas fueron presentadas el 24 de julio pasado y se desconoce cuándo serán discutidas en primer debate. Por esta razón, el procurador Gómez envió una nota al diputado Camacho el 18 de agosto, solicitando la inclusión de ambos proyectos en el orden del día.
“La urgencia de debatir estas iniciativas legislativas cuenta con amplio respaldo, ante la crítica posición de Panamá en el Índice de Percepción de la Corrupción, donde obtuvo 33 puntos, ubicándose por debajo del promedio regional”, escribió el procurador en su nota.
El Procurador General de la Nación, Luis Carlos Gómez, presentó dos proyectos de ley para combatir la corrupción, entre éstos: el Proyecto de Ley, por el cual se adopta la Ley General Anticorrupción, se modifica el Código Procesal Penal y se dictan otras disposiciones. pic.twitter.com/ZfDoP2Ofqv
— Asamblea Nacional (@asambleapa) July 24, 2025
El malestar
El hecho de que varios medios de comunicación tuvieran acceso a la nota parece haber generado cierto malestar entre el diputado de RM. Por ejemplo, este lunes 8 de septiembre, en el pleno de la Asamblea, Camacho recurrió al sarcasmo al afirmar que “no voy a poder dormir” por quienes insisten, de manera absurda, en presionarlo para dar un tratamiento acelerado a los proyectos presentados por el procurador.
El diputado explicó que los proyectos en cuestión llegaron a su comisión apenas el 26 de agosto y que actualmente se encuentran en proceso de análisis para la emisión de los conceptos correspondientes. Señaló, además, que la Corte Suprema de Justicia ha dejado claro que no emitirá pronunciamientos adicionales sobre estos proyectos, lo que, en su opinión, ralentiza inevitablemente su tratamiento.
“Mientras más me ponen presión, más me pongo lento”, admitió, evidenciando la tensión entre la urgencia política y los tiempos administrativos de la Asamblea Nacional.
También la semana pasada, desde el pleno de la Asamblea, el diputado se pronunció al respecto señalando: “Cuando se me pone presión, ya sea en el pleno de la Asamblea o por parte de un diputado o funcionario que comienza a filtrar documentos que envían a mi comisión, lo que provoca es el efecto contrario; lo que provoca es que, como presidente, que tengo la discrecionalidad, decida sencillamente no darle prioridad al proyecto que me están planteando de manera casi de extorsión”.
Las propuestas
Entre otras novedades, el proyecto 291 busca que los peritajes y las auditorías necesarias para la acreditación de actos de corrupción puedan ser practicados por funcionarios que presten servicios en entidades estatales, autónomas y semiautónomas, en universidades oficiales, en entes policiales y en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf). Actualmente, para acreditar el delito, es necesario contar con auditoría previa de la Contraloría General de la República.
El proyecto también propone que el Ministerio Público pueda investigar de oficio los delitos de enriquecimiento injustificado y duplicar el término de prescripción “para los delitos de peculado, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública”.
En tanto, el proyecto 292 pretende aumentar las penas para los delitos relacionados con la administración pública, como soborno, enriquecimiento injustificado y fraude en contrataciones estatales.
En la Comisión de Gobierno se deciden los destinos de reformas constitucionales, electorales y proyectos de alto impacto institucional. El presidente de la comisión no solo preside reuniones: tiene la llave del ritmo legislativo.
Según el Reglamento Orgánico del Régimen Interno, su responsabilidad incluye convocar y dirigir las sesiones, coordinar a los miembros y representar a la comisión ante el pleno, lo que lo convierte en un actor decisivo, capaz de acelerar o frenar iniciativas. En otras palabras, Camacho tiene la llave de la Comisión de Gobierno y de todo lo que se discute allí.
