Sin punto final al paro docente, sin regreso completo a las clases en escuelas oficiales y sin pago retroactivo a docentes despedidos. Esta es la situación tras 79 días de huelga por los educadores adscritos a gremios magisteriales, quienes se oponen a la Ley 462, que reformó la Caja de Seguro Social (CSS).
El presidente de la República, José Raúl Mulino, reaccionó a ello su conferencia de prensa semanal del 10 de julio.
“Lo que pasa en el Ministerio de Educación (Meduca) es potestad del Órgano Ejecutivo. Hay algunos temas que están siendo analizados, el primero es que el número de educadores que ya fueron reemplazados se quedan así y no habrá pago retroactivo”, dijo el mandatario al ser consultado en su conferencia de prensa semanal.
Sin embargo, no se detallaron cifras actualizadas de cuántos docentes han sido reemplazados, luego de que el Ejecutivo adelantará el Decreto Ejecutivo N° 17 del 24 de junio de 2025, que permite una contratación expedita a posiciones que el Ejecutivo califica como vacantes por los educadores que se mantienen en huelga.
El último balance del Meduca se dio el pasado 8 de julio, detallando más de 500 docentes en procesos administrativos por abandono de cargo.
Los docentes han apelado y rechazado la medida. Esta misma semana buscaron mediación en la Asamblea Nacional, cuyo diputado presidente, Jorge Herrera, dijo haber enviado una carta a la ministra de Educación, Lucy Molinar, el pasado lunes 7 de julio y anunció la conformación de un conversatorio sobre la Ley 462 que permitiera el reintegro de los docentes a las aulas.
Entre las peticiones de los 23 gremios docentes que acudieron a reuniones con el Legislativo, se encuentra la firma de un finiquito de huelga por parte del Meduca que les blinde de posibles represalias al momento de su reintegro.
No obstante, Mulino señaló que “no tiene problema con que [los docentes en paro] regresen a clases, pero en este país tiene que haber un precedente (…) solo con un precedente duro aquí se van a entender las cosas”. Al tiempo, catalogó a los grupos que buscaron mediación en la Asamblea como “rebeldes”.
Rol del Legislativo
A pesar de que el Legislativo buscó el diálogo con los docentes, el presidente Mulino recalcó que desde el Ejecutivo es que se toman las decisiones en materia administrativa de la educación.
La Prensa consultó al diputado Jorge Bloise, de la coalición Vamos y uno de los perfilados a presidir la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, sobre el rol Legislativo.
El diputado reconoce que hay limitaciones, sobre todo en la petición de grupos docentes de la firma de un finiquito de huelga. Bloise señaló que el Legislativo abrió el compás para escuchar propuestas de modificación a la Ley 462, pero que tiene limitaciones por la separación de poderes sobre decisiones del Meduca, como la del reemplazo docente.

¿Qué dicen los educadores?
Dos dirigentes de gremios educadores que participaron en las conversaciones con la Asamblea se han referido a la continuidad del paro y sus exigencias para finalizarlo.
Durante un webinar organizado por la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), participante en las conversaciones con el Legislativo, el dirigente Fernando Ábrego señaló:
“A mí me preocupa que podamos salvaguardar nuestros puestos de trabajo y la estabilidad laboral, pero también que logremos que la Ley 462 se revise, se reforme o se derogue. Esta lucha no termina aquí”, expresó Ábrego.

Ábrego advirtió que en escuelas como el Instituto América ya se están notificando a cerca de 40 docentes por presunto abandono del puesto y violación de los derechos del menor. El Ejecutivo, por su parte, no ha dado cifras oficiales.
En tanto, el profesor Noriel Salinas, de la Asociación de Educadores de la Comarca Ngäbe-Buglé (Aembu), adelantó que pidieron a la Asamblea “tomar cartas en el asunto” para redactar una nueva ley de seguridad social.
Adicionalmente, Salinas dijo que exigieron a la ministra Molinar un documento de finiquito de huelga. “Nosotros los docentes estamos pidiendo que se haga un finiquito donde se garantice el retorno seguro a las escuelas. Eso implica que no haya persecución”, apuntó.
Sin humo blanco entre gremios docentes, Ejecutivo y Legislativo, el paro sigue su curso y sin cifras oficiales de los estudiantes afectados por la paralización.