Washington D. C. – El Senado de Estados Unidos acordó este sábado (51-49) comenzar oficialmente el debate en el hemiciclo sobre el proyecto de reconciliación fiscal que reúne las prioridades de recortes, asignaciones de seguridad y alivios tributarios del presidente Donald Trump, el cual el liderato republicano busca aprobar este fin de semana.
La votación para abrir el debate –que tardó varias horas, debido a las objeciones internas republicanas– es solo el primer procedimiento formal de cara al intento de la mayoría del Congreso de enviarle el proyecto a Trump antes del viernes, cuando se conmemora el 249 aniversario de la independencia de Estados Unidos.
Dos senadores republicanos –Tom Tillis (Carolina del Norte) y Rand Paul (Kentucky)– votaron en contra de abrir el debate, debido a sus diferencias con diferentes apartados de la legislación. El también republicano Ron Johnson (Michigan), quien se había expresado en contra, terminó votando a favor de comenzar la discusión.
Trump, tras el voto de Tillis – quien va a la reelección en 2026-, dijo que buscará un candidato para retarle en primarias.
En un Senado dividido 53 a 47, el líder de la mayoría republicana, John Thune (Dakota del Sur), estuvo a punto de necesitar que el vicepresidente JD Vance – quien estuvo esta anoche en el Capitolio-, rompiera un potencial empate.
Por ser un proyecto de reconciliación fiscal, la mayoría republicana puede eludir la regla de filibusterismo que suele exigir 60 votos para llevar una medida a votación final.
Poco antes de la votación, el multimillonario Elon Musk, ahora distanciado de Trump y exresponsable de la comisión Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), rechazó la medida debido a los recortes en la inversión de iniciativas a favor de la energía renovable, incluidos los créditos fiscales para vehículos eléctricos como los que fabrica su empresa, Tesla.
Después de hacer cambios significativos a la medida, con respecto a los recortes de Medicaid y el cese de asignaciones para combatir el cambio climático, los republicanos divulgaron una nueva versión de la legislación, la cual Trump quiere en su escritorio para firmarla el viernes.
Los demócratas exigieron, como establecen las reglas, que se lean las 940 páginas del proyecto de ley, lo que se estima puede tomar alrededor de 12 horas y retrasar más el proceso.
La legislación, que al salir de la Cámara baja –a donde tendría que regresar– se calculó que elevaría la deuda federal en $2.8 billones (trillions, en inglés), propone recortes masivos en el presupuesto de la próxima década que rondan los $1.4 billones, asignaciones para la frontera que rondan los $160,000 millones y la continuación de alivios contributivos que cargan con la mayor parte del costo de la medida, al menos, $3.8 billones.
Las enmiendas al proyecto original del Senado hechas por el liderato republicano incluyen suavizar el impacto de las propuestas sobre Medicaid que aplicarán en Estados Unidos –no en sus territorios–, como reducir el impacto del impuesto a proveedores de salud, en estados con expansión del programa, de 6% a 3.5%. Para mitigar la decisión de reducir el impuesto autorizado en los estados, se proveería un fondo de estabilización de $25,000 millones, principalmente para hospitales rurales.
La mayor parte de los recortes en los gastos de Medicaid –que no aplican a Puerto Rico– se basan, sin embargo, en la propuesta que implantaría requisitos de trabajo a los beneficiarios del programa que tienen entre 19 años y 64 años, y pueden trabajar o llevar a cabo servicios voluntarios.
Al explicar su voto a favor de abrir el debate, el senador Johnson sostuvo que el liderato republicano se comprometió a apoyar una enmienda del senador Rick Scott (Florida) para endurecer el lengua que buscar imponer el requisito de que beneficiarios de Medicaid sin hijos tengan que trabajar o rendir servicios voluntarios.
La nueva versión del proyecto del Senado limitaría, a su vez, a cinco años el aumento a $40,000 de la deducción contributiva estatal que pueden hacer, en la planilla federal, las personas que devengan menos de $500,000 anuales. Al cumplirse los cinco años, la deducción regresaría a $10,000.
Un grupo de republicanos moderados reclamó el aumento en la deducción de las contribuciones estatales, conocida como SALT en inglés.
El proyecto también haría más restrictivo el acceso a los créditos fiscales para la inversión en energía eléctrica limpia y persigue terminar en septiembre los créditos para la compra de vehículos eléctricos, como parte de las medidas republicanas para acabar con iniciativas contra el cambio climático incluidas en la Ley de Reducción de la Inflación (IRA).
Antes de terminar la votación del sábado, el senador republicano Mike Lee (Utah) retiró una propuesta suya que hubiese permitido la venta de tierras públicas federales.
Como presidente del Comité de Presupuesto del Senado, el republicano Lindsey Graham (Carolina del Sur), indicó que hará “todo lo posible para garantizar que el plan de seguridad fronteriza del presidente (Trump) reciba la financiación completa, pues creo que está plenamente justificado”.
El líder demócrata en el Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden (Oregón), afirmó que una evaluación preliminar de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el proyecto más reciente del Senado indica que los recortes en Medicaid alcanzarán los $930,000 millones en una década.
“Al igual que antes, estos crueles recortes a la atención médica estadounidense asestarán un golpe mortal a la atención médica rural y amenazarán la salud y la seguridad de niños, adultos mayores, estadounidenses con discapacidades y familias trabajadoras de todo el país. Decisiones de vida o muerte de esta magnitud no deberían someterse a este proceso apresurado e imprudente”, señaló Wyden.
Reembolso por el arbitrio al ron
La versión más reciente del proyecto de reconciliación fiscal incluye hacer permanente, a partir de enero de 2026, el aumento en el reembolso por arbitrio federal al ron que se importa desde Puerto Rico y las Islas Vírgenes, que podría representar cerca de $60 millones anuales adicionales para el gobierno boricua.
El senador republicano Bill Cassidy (Luisiana) –con el respaldo de sus colegas demócratas Kristen Gillibrand (Nueva York) y Ben Luján (Nuevo México), y el republicano Roger Wicker (Misisipi)-, presentó legislación para hacer permanente el reembolso, pero retroactivo a enero de 2022.
La versión que iría a votación en el Senado sostiene que, a partir de enero de 2026, el reembolso por el arbitrio federal al ron importado de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses aumentará permanentemente de $10.50 a $13.25 por galón.
Según el plan presupuestario de Trump, sin contar con el aumento que ahora se intenta legislar, Puerto Rico pudiera recibir un reembolso por el arbitrio al ron de cerca de $410 millones. Cerca de un 40% de esos fondos van a manos de las empresas productoras de ron.
El aumento en el reembolso por el arbitrio al ron no estuvo en la versión del proyecto de reconciliación fiscal aprobado por la Cámara de Representantes el 22 de mayo.
El proyecto divulgado el viernes en la noche por Graham mantiene los cambios para Puerto Rico en el Programa de Zonas de Oportunidad.
El lenguaje obligaría al gobierno de Puerto Rico –que no ha objetado el cambio– a seguir, a partir de enero de 2027, el proceso regular de solicitud de zonas de oportunidad para nuevas inversiones.
La legislación del Senado también mantiene los cambios propuestos en lo que se ha conocido como el impuesto sobre la propiedad intelectual de las empresas foráneas (GILTI), que aumentaría permanentemente de 10.5% a alrededor de 14% el pago federal que hacen las Corporaciones de Control Foráneo (CFC), claves en la industria manufacturera de Puerto Rico.
La versión de la Cámara baja dejaría, permanentemente, el GILTI en su porcentaje actual de 10.5%.
La legislación también propone elevar, por tres años, de $2,000 a $2,500 el crédito por niños dependientes, que aplica plenamente en Puerto Rico; reducir las opciones de repago de los préstamos estudiantiles financiados por el gobierno federal; y aumentar de 24 a 30 los créditos para los estudiantes poder tener acceso a las becas Pell.
La minoría demócrata también ha indicado que el lenguaje de la legislación impediría un crecimiento de alrededor de $1,000 millones en las asignaciones para Puerto Rico del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).
