El 20 de junio, el secretario general interino del CIADI registró una nueva solicitud de arbitraje contra Panamá. Este nuevo proceso no está vinculado al sector minero, que en los últimos años ha dominado las reclamaciones contra el Estado panameño debido a la cancelación de concesiones.
La demanda fue presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, por la empresa española FCC Construcción, S.A., que previamente ha sostenido litigios contra Panamá relacionados con la construcción de la Ciudad de la Salud.
En ese caso, FCC reclamaba un pago de $175 millones, pero en 2021 alcanzó un acuerdo con la Caja del Seguro Social (CSS) y retiró la demanda ante la Cámara de Comercio Internacional. En su momento, la CSS informó que la empresa había recibido más de $343 millones por un 62% de avance de la obra.
La nueva reclamación se fundamenta en el Tratado Bilateral de Inversión entre Panamá y España, firmado en 1997, y estaría relacionada con tres contratos adjudicados entre 2008 y 2010 por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a la empresa Corporación M&S Internacional C.A., S.A., filial de FCC Construcción, S.A.
El ministro del MOP, José Luis Andrade, confirmó a La Prensa que el Estado ya fue notificado del proceso, y explicó que el equipo legal de la institución está tomando las acciones correspondientes.
“Ellos se sienten afectados, nosotros consideramos que no lo fueron, pero ese proceso sigue su curso con los abogados”, comentó el titular de obras públicas.
FCC solicita una indemnización de $14.9 millones por supuestos incumplimientos en los pagos del Estado por la ejecución de los contratos, los cuales suman una inversión total de $40.8 millones.
El contrato de mayor cuantía está relacionado con la rehabilitación de la carretera Panamericana, tramo San Carlos–Penonomé, y el mantenimiento de carreteras y caminos en el Circuito “A” de la provincia de Coclé.
La orden de proceder fue emitida el 16 de noviembre de 2009 por $17.1 millones, y la empresa exige una compensación de $7.1 millones, aunque la cifra podría variar, según funcionarios del MOP.
El segundo contrato fue para el mantenimiento de carreteras y caminos en el Circuito “A” de la provincia de Panamá, adjudicado por $15 millones. La orden de proceder fue entregada el 18 de junio de 2008, y por supuestos incumplimientos, la empresa reclama $6.2 millones.
La tercera reclamación corresponde a los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de la carretera El Cruce de Sabana Grande–Macaracas, adjudicados en 2008 por $8.7 millones. En este caso, la empresa —que participó en consorcio con otra constructora— solicita $1.5 millones.
El MOP reconoció que los tres contratos incluyen cláusulas de arbitraje y añadió que desde abril se están gestionando los trámites previos a la contestación de la demanda.
Arbitrajes pendientes
Con esta nueva solicitud de FCC, Panamá mantiene siete procesos activos ante el CIADI, sin contar los arbitrajes presentados por First Quantum Minerals Ltd., Corporación Franco Nevada y Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corporation, todos relacionados con la suspensión de operaciones de la mina Cobre Panamá tras el fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia el 28 de noviembre de 2023.
Estas tres empresas suspendieron sus procesos tras la solicitud del presidente José Raúl Mulino, quien condicionó el inicio de negociaciones al cese de acciones legales contra el Estado.
Mulino ha señalado que la decisión sobre el futuro de la mina tomará tiempo y que será el Estado el que asumirá las operaciones, sin pasar por la Asamblea Nacional.
La suma solicitada por estas tres empresas supera los $27 mil millones. First Quantum exige $20 mil millones; Franco Nevada, que financió parte del proyecto, pide $5 mil millones; y la empresa coreana, que posee el 10% de la concesión de 13 mil hectáreas en Donoso y Omar Torrijos, reclama $2 mil millones.
Aunque los procesos están suspendidos, el CIADI confirmó que los árbitros propuestos por ambas partes aceptaron su designación.
Entre los procesos aún activos figura el presentado por la minera canadiense Orla Mining, que exige al menos $400 millones luego de que el Ministerio de Comercio e Industrias no renovara sus concesiones para explotar oro en Cerro Quema, provincia de Los Santos.
También continúa la reclamación de los socios de Petaquilla Minerals Ltd., cuya concesión fue cancelada en 2021 cuando el área fue declarada reserva natural.
La empresa, que no subsanó incumplimientos ambientales ni pagó regalías, reclama más de $500 millones, incluyendo regalías no percibidas y perjuicios por la cancelación. Entre 2011 y 2013, las exportaciones de oro desde Molejón sumaron $200 millones.
El CIADI también avanza con los procesos presentados por Sacyr y su socio italiano Webuild (antes Salini Impregilo), quienes demandaron al Estado por presuntos incumplimientos durante la construcción de las nuevas esclusas del Canal de Panamá.
Webuild solicita $2,643 millones y Sacyr, $2,362 millones. Tras varios fallos en su contra en arbitrajes con la Autoridad del Canal de Panamá, ambas firmas ahora argumentan que el Estado es el garante del Canal, por lo cual, es responsable de los supuestos incumplimientos.
Otro proceso activo es el de Banesco Holding Latinoamérica, S.A. y Banesco (Panamá), S.A., que reclaman $10.4 millones por cobros de fianzas vencidas realizados por entidades estatales como el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
Finalmente, sigue en curso el arbitraje iniciado en 2021 por las empresas españolas IBT Group, LLC, IBT, LLC y Eurofinsa Concesiones e Inversiones, que reclaman pagos pendientes por la prestación de servicios de hemodiálisis bajo un contrato firmado en 2012 y prorrogado mediante seis adendas.
