La Sala IV recibió una acción de inconstitucionalidad contra la ley que permite la extradición de nacionales y contra el Tratado de Extradición entre Costa Rica y Estados Unidos, luego de que esta semana tres personas resultaran detenidas a petición del Gobierno de ese país, para que enfrenten causas por presunto narcotráfico.
El accionante, cuya identidad se desconoce, solicitó a los magistrados suspender la aplicación del tratado con Estados Unidos, así como liberar a los extraditables “con medidas cautelares menos gravosas que sufrir prisión preventiva”.
La Sala Constitucional estudia la admisibilidad de la acción, la cual se tramita bajo el expediente 25-018436-0007-CO.
De acuerdo con el texto presentado ante la Sala, el recurrente alega una violación al artículo 32 de la Constitución Política.
Actualmente, dicho artículo establece que “ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional”; sin embargo, en mayo, los diputados aprobaron de forma unánime una reforma al numeral, en la que se incluyó una excepción a esa prohibición cuando “haya sido concedida la extradición por los Tribunales de Justicia”.
El escrito en estudio señala que tanto la Ley de Extradición, del 16 de julio de 1971, como el tratado entre Estados Unidos y Costa Rica prohíben expresamente la extradición de nacionales, y que ninguna de ellas ha sido reformada para permitir lo contrario.
Además, se argumenta que aplicar el tratado a hechos ocurridos antes de su entrada en vigor violenta el artículo 34 de la Constitución Política, el cual prohíbe la retroactividad de las leyes.
Finalmente, alega la inconstitucionalidad del artículo 22 del Tratado de Extradición, el cual establece que se aplicará a hechos cometidos antes y después de su vigencia. De acuerdo con el accionante, permitiría extraditar costarricenses por hechos pasados que podrían estar prescritos según la legislación nacional.
Tres extraditables
Los magistrados de la Sala Constitucional estudian la admisibilidad de la acción, en un momento en que, en los Tribunales de San José, se tramitan tres solicitudes de extradición emitidas por el gobierno estadounidense, tras una investigación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
El primer costarricense detenido a solicitud de la DEA tras la reforma al artículo 32 de la Constitución Política fue Edwin López Vega, conocido como Pecho de Rata, el pasado lunes 23 de junio. López es señalado por la DEA por presuntos cargos de tráfico internacional de drogas.
Ese mismo día se anunció la detención del segundo extraditable. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la aprehensión del exmagistrado de la Sala III y exministro de Seguridad, Celso Gamboa Sánchez, por aparente tráfico internacional de drogas. Gamboa era el abogado de López Vega, y ambos fueron solicitados por Estados Unidos en el marco de una misma causa.
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El tercer costarricense detenido fue Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, por el caso Venus. Él, sin embargo, no tiene relación con López ni con Gamboa.
Por este mismo caso, Álvarez había quedado inicialmente con medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. No obstante, a solicitud de Estados Unidos, fue aprehendido en San Sebastián el 25 de junio.
La organización criminal vinculada al caso Venus fue desarticulada el 17 de junio por agentes del OIJ, en un operativo que incluyó al menos 21 allanamientos simultáneos en diferentes puntos del país.
