Una mayoría conservadora unida del Tribunal Supremo dictaminó el viernes que los jueces federales carecen de la autoridad para emitir órdenes judiciales de alcance nacional, pero la decisión dejó sin aclarar si las restricciones del presidente Donald Trump sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento podrían entrar en vigor pronto en partes del país.
El resultado fue una victoria para Trump, quien se ha quejado de que los jueces ponen obstáculos a su agenda. Las órdenes judiciales de alcance nacional, o universales, surgieron como un control importante sobre los esfuerzos del presidente republicano para expandir el poder ejecutivo y rehacer el gobierno, y han sido una fuente de creciente frustración para él y sus aliados.
Sin embargo, el tribunal dejó abierta la posibilidad de que los cambios en la ciudadanía por derecho de nacimiento pudieran seguir bloqueados a escala nacional. La orden de Trump negaría la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos de personas que están en el país de manera ilegal o temporal.
Los casos ahora regresan a los tribunales inferiores, donde los jueces tendrán que decidir cómo adaptar sus órdenes para cumplir con el fallo del máximo tribunal, escrito por la jueza Amy Coney Barrett. La aplicación de la política no puede llevarse a cabo durante otros 30 días, escribió la impartidora de justicia.
Incluso entonces, no se sabe si la decisión de la corte podría producir un confuso mosaico de reglas que podrían diferir en los 22 estados que demandaron por la orden de Trump y el resto del país.
Los jueces coincidieron con el gobierno de Trump, así como con la administración demócrata del expresidente Joe Biden antes de ella, en que los jueces se exceden al emitir órdenes que se aplican a todos, y no solo a las partes ante el tribunal. Los jueces han emitido más de 40 de esas órdenes desde que Trump asumió el cargo en enero para un segundo mandato.
El gobierno ha presentado apelaciones de emergencia ante los jueces de muchas de esas órdenes, incluidas las que se refieren a la ciudadanía por derecho de nacimiento. La corte rara vez escucha argumentos y emite decisiones importantes en su expediente de emergencia, pero lo hizo en este caso.
Los tribunales federales, escribió Barrett, “no ejercen la supervisión general del Poder Ejecutivo; resuelven casos y controversias de acuerdo con la autoridad que el Congreso les ha otorgado. Cuando un tribunal concluye que el Poder Ejecutivo ha actuado ilegalmente, la respuesta no es que el tribunal exceda su poder también”.
Desde la sala de prensa de la Casa Blanca, el presidente dijo que la decisión fue “increíble” y una “victoria monumental para la Constitución”, la separación de poderes y el estado de derecho.
El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer de Nueva York, escribió en X que la decisión es “un paso sin precedentes y aterrador hacia el autoritarismo, un grave peligro para nuestra democracia, y un movimiento predecible de esta corte extremista MAGA”, aludiendo a las siglas del lema de campaña de Trump, “Make America Great Again” (“Hagamos grande a Estados Unidos otra vez”).
La jueza asociada Sonia Sotomayor, escribiendo en disidencia para los tres jueces liberales, calificó la decisión como “nada menos que una invitación abierta para que el gobierno eluda la Constitución”. Esto es así, dijo Sotomayor, porque la administración puede ser capaz de hacer cumplir una política incluso cuando ha sido impugnada y declarada inconstitucional por un tribunal inferior.
La administración ni siquiera pidió, como lo ha hecho en otros casos, que se bloqueen completamente los fallos de los tribunales inferiores, escribió Sotomayor. “Para obtener tal alivio, el gobierno tendría que demostrar que la orden probablemente es constitucional, una tarea imposible”, escribió.
Pero el destino final de los cambios que Trump quiere hacer no estaba ante la corte, escribió Barrett, sino únicamente las reglas que se aplicarían mientras continúan los casos judiciales.
Los grupos de derechos que demandaron por la política presentaron nuevos documentos judiciales tras el fallo del Tribunal Supremo, atendiendo una sugerencia del juez Brett Kavanaugh de que los jueces aún podrían llegar a cualquier persona potencialmente afectada por la orden de ciudadanía por derecho de nacimiento declarándola parte de una “clase nacional putativa”. Kavanaugh fue parte de la mayoría de la corte el viernes, pero escribió una opinión concurrente separada.
Los estados que también impugnaron la política en el tribunal dijeron que intentarían demostrar que la única forma de proteger efectivamente sus intereses era a través de una suspensión a escala nacional.
“Tenemos todas las expectativas de que lograremos absolutamente mantener la 14ta Enmienda como la ley del país y, por supuesto, la ciudadanía por derecho de nacimiento también”, dijo la fiscal general de Massachusetts, Andrea Campbell.
La ciudadanía por derecho de nacimiento convierte automáticamente a cualquier persona nacida en Estados Unidos en ciudadano estadounidense, incluidos los niños nacidos de madres que están en el país de forma irregular. Este derecho fue consagrado poco después de la Guerra Civil en la 14ta Enmienda de la Constitución.
En una notable decisión del Tribunal Supremo de 1898, Estados Unidos contra Wong Kim Ark, el tribunal sostuvo que los únicos niños que no recibían automáticamente la ciudadanía estadounidense al nacer en el territorio del país eran los hijos de diplomáticos, que tienen lealtad a otro gobierno, así como los enemigos presentes en Estados Unidos durante una ocupación hostil, las personas nacidas en barcos extranjeros y las nacidas de miembros de tribus nativas estadounidenses soberanas.
Estados Unidos es uno de unos 30 países donde se aplica la ciudadanía por derecho de nacimiento —el principio de jus soli o “derecho de suelo”. La mayoría se encuentra en el continente americano, y Canadá y México están entre ellos.
Trump y sus partidarios han argumentado que deberían existir estándares más estrictos para convertirse en ciudadano estadounidense, lo que calificó como “un regalo invaluable y profundo” en la orden ejecutiva que firmó en su primer día en el cargo.
El gobierno de Trump ha afirmado que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos, una frase utilizada en la enmienda, y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía.
Pero los estados, inmigrantes y grupos de derechos que han presentado demandas para bloquear la orden ejecutiva han acusado al gobierno de intentar desestabilizar la comprensión más amplia de la ciudadanía por derecho de nacimiento que ha sido aceptada desde la adopción de la enmienda.
Los jueces han fallado uniformemente en contra del gobierno.
El Departamento de Justicia argumentó que los jueces individuales carecen del poder para dar efecto nacional a sus fallos.
Por su parte, el gobierno de Trump quería que los jueces permitieran que el plan del mandatario entrara en vigor para todos, excepto para el pequeño número de personas y grupos que demandaron. En caso de no lograrlo, el gobierno argumentó que el plan podría seguir bloqueado por ahora en los 22 estados demandantes. Nueva Hampshire está cubierta por una orden separada que no está en cuestión en este caso.
Los jueces también acordaron que la administración puede hacer anuncios públicos sobre cómo planea implementar la política si finalmente se le permite entrar en vigor.
